Continúa sin solución el caso de los ocho venezolanos que permanecen detenidos en Curazao con delincuentes comunes tras la clausura de Barak Di Ilegal, centro de detención para indocumentados.
La ONG Human Rights Defense Curacao (HRDC) trata de negociar con las autoridades la excarcelación, señalando que todos los detenidos cuentan con garantes en la isla
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En medio de una protesta que realizaban los detenidos para exigir su liberación, se registró un incendio en el Bloque 1 del establecimiento penitenciario de la isla (SDKK, por sus siglas en papiamento). El fuego se habría originado en una celda donde se encontraban recluidos cuatro de los inmigrantes indocumentados, que prendieron fuego a un colchón para llamar la atención de las autoridades.
Según un comunicado de prensa emitido en Willemstad, el hecho ocurrió pasada las 12 del mediodía del martes 31 de mayo. De acuerdo con el relato oficial, el personal de seguridad evacuó a los indocumentados, que fueron trasladados al área de atención médica para evaluar sus condiciones.
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La organización no gubernamental Human Rights Defense Curazao (HRDC) no tuvo acceso al centro carcelario para conocer la situación de los ocho venezolanos. HRDC insiste en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para lograr la libertad de los inmigrantes.
En su más reciente comunicado, la ONG enfatizó que “todos los que están detenidos desde el 8 de febrero tienen un garante, es decir, alguien que les garantiza techo y comida”.
Los venezolanos buscan protección en Curazao e invocan el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Las autoridades de Curazao decidieron cerrar la cárcel migratoria por las fuertes críticas de organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, esperan que los centros de reclusión construidos por Holanda sean culminado a mediano plazo.
Con información de Crónica del Caribe
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