El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría encargado al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno la creación de una junta de sociedad civil para lo que sería la reestructuración de la Cruz Roja Venezolana.
De acuerdo a informaciones el fin de la junta sería consultar con distintos sectores sociales la participación en un proceso «que fortalezca a la Cruz Roja Venezolana y al Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja» mediante la modernización de la estructura y su funcionamiento.
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Esta “reestructuración amplia y diversa con la participación de la sociedad civil en la Cruz Roja Venezolana”, como lo indica la sentencia, reafirmaría el carácter auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja que operan en los países adheridos a los Convenios de Ginebra, lo que le permite al Estado intervenir en caso de irregularidades estatutarias o de funcionamiento.
Un ejemplo de ello, el caso Uruguay ocurrido en 2016, cuando la Cruz Roja de ese país enfrentó denuncias por abusos de autoridad, desvíos de fondos, además de trato deshumanizante, por lo que fue intervenida por las autoridades.
En nuestro país, toda esta reestructuración ocurre luego de que Mario Villarroel Lander -su presidente por 43 años- fuera denunciado por acosos y maltratos a voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja; por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía 34 de Derechos Humanos.
“Durante la investigación se preservará la identidad de los voluntarios de dicha organización que presentaron las respectivas denuncias”, indicó el fiscal Tarek William Saab, quien afirmó que los abusos fueron cometidos por Villarroel y “miembros de su equipo”.
Ricardo Cusanno, quien fue designado por el TSJ es abogado, especialista en derecho corporativo y miembro del Foro Cívico para designar la junta interventora.
Activistas en alerta
Por su parte, el coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA, Rafael Uzcátegui alertó que «Se genera un precedente peligroso para el derecho de libertad de asociación y reunión (…), con un juicio ‘express’ donde no hubo posibilidad de ejercer el derecho a la defensa».
«Aquí nosotros no estamos opinando de la inocencia o la culpabilidad del señor Villarroel (…), hay un procedimiento absolutamente irregular», acotó.
Una semana antes, la Fiscalía abrió una investigación contra Villarroel, de 75 años y presidente de la Cruz Roja desde 1978, por denuncias de «acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores.
«Lo que ocurra en los próximos meses en la Cruz Roja puede servir de guión para aplicárselo a otras organizaciones gremiales, profesionales, sociales, deportivas y por supuesto de derechos humanos o humanitarias», especificó la ONG Acceso a la Justicia en una nota.
Con información Caraota Digital
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