El Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitó a la Fiscalía General de la República que active de inmediato una investigación contra el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, tras las amenazas proferidas a la dirigente opositora María Corina Machado.
En una rueda de prensa, Maribell Díaz, parte del buró político del PCV, se refirió a las declaraciones de Gerardo Márquez, quien instó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a «sacar a coñazos» a cualquier opositor que visite la entidad, en referencia a Machado, que tenía previsto una gira por ese estado.
«Le hacemos un llamado al Fiscal General para que active una investigación sobre ese hecho de violencia, que desdice de la conducta democrática que debe caracterizar a un gobernador o cualquier funcionario en un Estado de derecho», dijo.
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El PCV también criticó la reciente sentencia contra seis sindicalistas en el país, la cual calificaron como una falta al debido proceso pues no se recabaron las pruebas suficientes que justificaran su condena a 16 años de prisión. «El procedimiento seguido le resta fortaleza a la decisión. Independiente de la orientación política de estos seis activistas, el PCV rechaza las violaciones al debido proceso en este caso», señaló Díaz.
La tolda política manifestó su preocupación por la «agudización de la política de criminalización» contra los trabajadores. «La violación de la Constitución es en todos los niveles; hoy, por ejemplo, la sufren los trabajadores del sector educativo, al percibir un bono vacacional devaluado, gracias al nefasto memorando 2792 y al instructivo de la Onapre, que se imponen de manera violenta sobre los trabajadores».
Otro punto que resaltó el PCV es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de designar una junta interventora para la Cruz Roja venezolana, tras las denuncias hechas por el diputado oficialista Diosdado Cabello contra el presidente del organismo humanitario, Mario Villarroel.
«Desde el PCV creemos que esta decisión solo contribuye a la impunidad. Debió hacerse una profunda investigación sobre las denuncias en la Cruz Roja, determinar responsabilidades y, una vez determinadas esas responsabilidades, ese ciudadano (Villarroel) o cualquier otro con sentencia firme saliera del cargo y ellos (Cruz Roja) resolvieran internamente la falta», expresó Díaz.
Con información Tal Cual
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