Antonia Turbay es una de las 28 mujeres que, hasta la tarde del 31 de agosto, estaban en la lista de 386 presos por razones políticas en todo el país, antes del decreto con el «indulto» otorgado por el gobernante Nicolás Maduro a 110 personas.
La abogada de 67 años, y con doble nacionalidad (española y venezolana), fue la única de los «indultados» que ya gozaba con una medida que le aseguraba su libertad, pues desde hace un año y un mes tiene una boleta de excarcelación que nunca fue cumplida.
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Turbay fue detenida el 27 de junio de 2019, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la Alta Florida, una urbanización de Caracas, allanaron su vivienda luego de confirmar que se encontraba en el lugar.
A la abogada se le acusó bajo el presunto delito de facilitación de fuga de un detenido, al ser vinculada con el escape de su vecino Iván Simonovis, quien evadió su arresto domiciliario y luego apareció en Estados Unidos.
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Una de las «pruebas» para inculpar a Antonia Turbay, según abogados del Foro Penal Venezolano, es que aparece en una foto donde se observa un poste de luz caído hacia la vivienda del comisario Simonovis. Tres días después de su detención fue presentada en tribunales, que solicitó fiadores para su causa.
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