La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) se opuso a la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de que el fiscal Karim Khan paralice la investigación sobre Venezuela.
En el escrito, que se publicó el 13 de septiembre y está firmado por Pasolina Massida, consejera principal, pidió a la Sala de Apelaciones que desestime este recurso «en su totalidad».
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Además, el texto refutó los seis motivos esgrimidos por el Gobierno para cuestionar la legalidad de la decisión de la Sala, que en junio dio luz verde a Karim Khan para reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
La instancia no halló motivos para considerar que la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía haya supuesto de «hecho o derecho» una violación a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los procedimientos que regulan a la Corte, como en cambio alegó el gobierno venezolano.
«El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigaciones internas pertinentes», se lee en el documento.
En tal sentido, según una nota de prensa de Acceso a la Justicia, de acuerdo con el principio de complementariedad, «los organismos judiciales internacionales como la CPI solo pueden actuar cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos».
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas tampoco vio motivos para considerar que haya dudas sobre el alcance temporal de las investigaciones.
Asimismo, el fiscal Khan desea investigar los hechos ocurridos al menos desde abril de 2017, pero las peticiones que recibió su despacho tanto de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, como de un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaban casos ocurridos en 2014.
En este sentido, la oficina declaró «no justificados» los argumentos del Estado venezolano de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, por cuanto en distintas comunicaciones le ha pedido información sobre otros casos anteriores.
«[El Estado] No puede argumentar razonablemente que no ha sido informado del alcance temporal de la investigación prevista por el Fiscal», señaló Massida en su escrito.
Otro argumento esgrimido por las autoridades venezolanas que la oficina desechó fue el relacionado con la «supuesta ignorancia de pruebas» que demuestren que la justicia nacional está llevando a cabo «investigaciones efectivas».
Con información Runrunes
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