El Estado de Nicaragua ha cerrado 3.390 ONG desde abril de 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, según un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y compartido.
Según el informe sobre el cierre del espacio cívico en Nicaragua elaborado por la CIDH, se han identificado a 3.390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personalidad jurídica entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) registradas legalmente en el país centroamericano hace cinco años.
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«Las organizaciones confiscadas representan el 47 % de las registradas legalmente desde 2018, esto pese a sus aportaciones para el desarrollo multinivel en el país, incluidas 26 universidades», anotó la Fundación del Río, que dirige el biólogo Amaru Ruiz, que también da seguimiento de las ilegalizaciones de las ONG en Nicaragua.
Para Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, “este cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y retorno a la democracia”.
El cierre «injustificado» de 3.390 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua han dejado 255 millones de dólares en pérdidas anuales para la ejecución de proyectos de desarrollo, a 23.000 personas sin empleo y 3,4 millones de beneficiados desatendidos, según la Fundación del Ríos.
En algunos casos, las ONG afectadas han sido ocupadas por la Policía Nacional, se les ha congelado sus cuentas bancarias y otros activos y se les ha criminalizado y perseguido política y judicialmente a sus integrantes, de acuerdo con Ruiz, a quien las autoridades privaron de su nacionalidad y de sus bienes muebles e inmuebles.
La Fundación del Río, que da seguimiento al cierre de ONG desde 2020, junto a la Fundación Popol Na, otra organización cancelada, y que ha elaborado tres ediciones del informe titulado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», indicó que un 38 % de las organizaciones sin fines de lucro canceladas atendían temáticas de derechos humanos.
Con información Expreso
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