Mario Iván Carratú Molina, quien fue señalado junto a un grupo de personas de presuntamente estar implicados en una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro, denunció el jueves 25 de enero que funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado allanaron su residencia en Caracas.
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A su juicio, esta acción es «represiva e ilegal», ya que su vivienda fue «invadida y confiscada» por parte de «operadores del sistema totalitario venezolano».
Carratú Molina, a través de la red social X, indicó que el apartamento estaba desocupado desde hace tres años porque su esposa, quien se fue del país, ya lo había dejado luego de que se registrara un procedimiento anterior.
De igual forma, el militar retirado alertó que el jefe de la junta de condominio del edificio le informó a su hijo que ya no estaría en el grupo de WhatsApp de vecinos porque, afirmó, el nuevo dueño del inmueble era el «Gobierno».
El fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó el lunes 22 de enero que las autoridades «desactivaron cinco conspiraciones» que pretendían «bañar de sangre a Venezuela». Aseguró que por estas acciones varios militares fueron captados provenientes desde Colombia, y además se liberaron 14 órdenes de aprehensión por un supuesto plan que pretendía asesinar al mandatario Nicolás Maduro y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal.
Los solicitados son: la abogada Tamara Sulay Sujú, Wender Villalobos, los periodistas Norbey Marín y María Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, director de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
Carratú Molina se pronunció posteriormente negando estar involucrado o haber colaborado en la llamada «operación Brazalete Blanco» y desmintió las declaraciones ofrecidas por el capitán Angelo Heredia, quien en videos difundidos por la Fiscalía aseguró que tuvo reuniones con él y que él habría aprobado una operación para ingresar al país.
Con información de Tal Cual
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