El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este martes que existe una escalada de persecución y hostigamiento contra trabajadores públicos tras elecciones presidenciales del 28 de julio.
En rueda de prensa, la dirigente del PCV, Jaqueline López, informó que en las últimas dos semanas se han ejecutado despidos abiertos y simulados en instituciones públicas y empresas estatales.
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«Los trabajadores que han declarado abiertamente su rechazo a la gestión antiobrera y antipopular del Gobierno de Nicolás Maduro, y que además tienen dudas razonables sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, son amenazados y perseguidos en sus centros de trabajo», detalló López.
Despidos en Corpoelec, Pdvsa y hospitales
«Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en Pdvsa, Corpoelec y el sector de la salud», agregó la dirigente comunista.
La integrante del Buró Político del PCV informó que varios trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) «fueron despedidos por razones políticas en los últimos días».
También aseguró que «las prácticas de acoso laboral se han acentuado en espacios de trabajo vinculados al sector educación», así como en Gobernaciones y Alcaldías.
López dijo que esta escalada del Gobierno contra los trabajadores «agrava la arremetida represiva contra los sectores populares registrada los primeros días tras las elecciones».
El PCV también se hizo eco de organizaciones no gubernamentales, que han documentado más de 1.500 detenciones luego de las elecciones y que entre los casos hay 200 mujeres y 129 adolescentes.
«Estamos en presencia de represión masiva contra sectores vulnerables; mientras se mantiene también la persecución contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales», apuntó.
Consolidación del autoritarismo
Sobre la reciente aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, el PCV aclaró que no respaldó este proyecto promovido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pues «se inscribe en el proceso de consolidación del modelo autoritario personificado por el gobierno que preside Nicolás Maduro y sus acólitos».
«Este nuevo instrumento legal limita la disposición constitucional que obliga al Estado a facilitar el ejercicio al derecho de asociación que tiene todo ciudadano venezolano», afirmó López.
«Si bien es cierto que el imperialismo históricamente ha promovido su política injerencista y de agresión contra el pueblo venezolano, utilizando Organizaciones No Gubernamentales como fachada, es también cierto que un elevado número son la base social organizada de importantes sectores de la sociedad civil», agregó.
López advirtió «que son muchas las causas nobles y actividades de la sociedad civil organizada que ahora se verán afectadas por la pesada burocracia oficial de controles, fiscalización, multas, supervisiones, auditorías y demás procesos de normalización a cargo del Ministerio del Interior y Justicia».
Con información Efecto Cocuyo
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