ONG venezolanas exigieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumple un año detenida. Además, solicitaron una medida humanitaria que permita a médicos de su confianza atender una fractura en el hombro derecho que padece.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que, durante estos doce meses, San Miguel ha sido sometida a un proceso judicial que calificó de «viciado», «plagado de irregularidades» y con «violaciones» a las formalidades legales.
San Miguel fue acusada por la Fiscalía de estar vinculada a una supuesta conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar junto con su hija.
«Ha sido víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática», declaró el OVP en la red social X.
La organización también recordó que, en diciembre de 2024, la activista fue diagnosticada con una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada. Subrayaron que este procedimiento debe ser realizado bajo la supervisión de sus médicos de confianza y con el apoyo de su familia.
Exigen medida humanitaria urgente para Rocío San Miguel
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló que San Miguel ha sido «sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen gravemente su salud».
«Alzamos la voz por ella y por todas las mujeres que hoy son víctimas de prisión política y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad», expresó JEP en X. La organización exigió una «medida humanitaria urgente» y el respeto a su derecho a recibir atención médica adecuada, así como la garantía de un proceso judicial justo.
Provea, otra organización defensora de derechos humanos, indicó que San Miguel no puede ser operada por «quienes demoraron cuatro meses en diagnosticarla». Además, señaló que en el centro de reclusión «no existen condiciones para un postoperatorio adecuado ni para una rehabilitación digna». Por ello, instó al gobierno de Nicolás Maduro a permitir que la activista sea operada en libertad.
Acceso a la Justicia advirtió que en diciembre se pospuso para febrero de este año la audiencia de juicio de San Miguel, quien enfrenta cargos por presuntos delitos como «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», entre otros.
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