El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desestimó las acusaciones que señalan al gobierno de Nicolás Maduro de promover la militarización de la sociedad, en el marco de jornadas de adiestramiento cívico-militar realizadas este fin de semana en todo el país. Padrino López argumentó que el objetivo de estas actividades es fomentar la «conciencia patria» entre la población.
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«Mucha gente habla de que estamos militarizando a la sociedad venezolana. Eso es un absurdo. La intención es crear conciencia patria para que cada quien con sus propias manos pueda aportar a su patria, a su defensa, su desarrollo y prosperidad, porque estamos amenazados», declaró el ministro en un video difundido el domingo 28 de septiembre a través de su cuenta de Instagram.
Fortalecimiento de la «Fusión Cívico-Militar»
Padrino López insistió en que los ejercicios militares buscan robustecer la llamada «fusión popular-militar-policial» como estrategia para «preparar el poder nacional» y defender al país de lo que el Ejecutivo ha calificado como una agresión de potencias extranjeras.
La jornada de adiestramiento, llevada a cabo el sábado 27, incluyó la formación de ciudadanos en la respuesta a distintas situaciones, tanto de desastre natural como de conflicto armado. Imágenes divulgadas en redes sociales y medios oficiales mostraron a civiles realizando prácticas de manejo y disparo de armas de fuego, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.
Altos funcionarios del gobierno participaron en las prácticas y defendieron su propósito. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, llamó a la ciudadanía a estar «preparados ante cualquier contingencia, bien sea natural o provocada». Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, defendió la necesidad de estos entrenamientos con una declaración contundente: «Si pasamos a la lucha armada, tenemos que saber cómo se usa el arma».
Cuestionamientos de organizaciones de Derechos Humanos
Las iniciativas del gobierno han sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones no gubernamentales. La ONG Provea cuestionó la legalidad y el espíritu de estos ejercicios, advirtiendo que la respuesta del gobierno a lo que perciben como despliegue militar de Estados Unidos en la región se da «a través del autoritarismo y los abusos».
En un comunicado, Provea sostuvo que este tipo de acciones «da un nuevo oxígeno a la militarización total del país, bajo la justificación de la defensa de la soberanía». La organización también enfatizó que esta intensificación de las prácticas militares se produce mientras el gobierno «insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los derechos humanos». Estos cuestionamientos centran el debate en si el entrenamiento de civiles es una medida legítima de defensa nacional o una estrategia para el control social y la restricción de derechos.
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