El asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, asilado político en Chile, fue un «crimen político» orquestado como un «encargo político».
Esta es la contundente tesis que sostiene la Fiscalía chilena, cuya investigación apunta directamente a la posible vinculación de líderes de Venezuela.
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El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, reveló en una entrevista reciente que la investigación ha recabado antecedentes que sugieren la participación de altas esferas del poder venezolano.
«La verdad de la investigación es una y lo que podemos probar es otra, pero en este caso existen antecedentes de líderes del gobierno de Venezuela que podrían estar involucrados,» señaló Barros.
De lograrse el estándar probatorio requerido, el fiscal aseguró que solicitará la «extradición internacional» de los señalados, a pesar de que «de acuerdo con la Constitución venezolana, la extradición no existe en su país.»
Los escalofriantes hechos y la trama transnacional
Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado de su vivienda en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024. Diez días después, sus restos fueron hallados en una localidad periférica de la capital, sepultados bajo un bloque de cemento.
La investigación ha profundizado en el vínculo del homicidio con el Tren de Aragua Ojeda, una banda criminal transnacional que se originó en la prisión venezolana de Tocorón y que hoy extiende sus operaciones de narcotráfico, extorsión y secuestros por varios países de la región, incluyendo Chile, Perú y Colombia.
La tensión Chile – Venezuela se ha disparado a raíz del caso.
El Gobierno chileno, encabezado por Gabriel Boric, ha respaldado la tesis del «móvil político» y ha advertido que, de confirmarse la participación de altos cargos gubernamentales, recurrirán a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.
La trayectoria del disidente y las capturas
Ojeda formaba parte del Movimiento por la Libertad y la Democracia, un grupo de militares antichavistas. Había sido arrestado en Venezuela en 2017, logró escapar y en 2023 recibió asilo político en Chile.
Un detalle crucial revelado por Barros es que, dos meses antes de su secuestro, Ojeda había regresado a Venezuela con la intención de intentar un golpe de Estado contra el presidente Maduro, lo que refuerza la tesis de la retaliación política.
En cuanto a la acción judicial, la justicia chilena ha desarticulado la célula «Los Piratas,» presuntamente involucrada en el crimen.
Recientemente, cinco de sus integrantes, extraditados desde Estados Unidos, recibieron prisión preventiva en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.
Uno de ellos, Edgar Benítez Rubio, alias ‘El Fresa’, fue identificado por el fiscal como quien «cumplía un rol clave en la estructura criminal al custodiar los vehículos utilizados en los secuestros de la célula».
En total, 13 personas están privadas de libertad por el caso Ojeda, y 26 han sido detenidas por su participación en la organización criminal «Piratas de Aragua.»
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