El Presidente Nicolás Maduro promulgó este martes la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, un nuevo instrumento legal que busca profundizar y desarrollar la doctrina de unión cívico-militar en Venezuela. La firma de esta ley se enmarca en la estrategia del gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta y la corresponsabilidad en la defensa de la soberanía.
Tras la promulgación, Maduro instruyó de manera inmediata la activación operativa de todos los Comandos de Defensa Integral (CDI) a primeras horas de la madrugada. El objetivo de esta acción es crucial: afinar en tiempo real las capacidades de despliegue y desdoblamiento de sistemas y armas de la nación en todas las regiones del país.
Articulación de fuerzas y despliegue operacional
Los Comandos de Defensa Integral no son exclusivamente militares. Están concebidos como estructuras de articulación que integran a todas las instituciones públicas del Estado, a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y al denominado Poder Popular organizado. Esta integración busca movilizar todos los recursos disponibles para la defensa integral del territorio.
La activación de estos comandos se produce en un contexto de elevación del «apresto operacional» venezolano, que, según las autoridades, responde a las crecientes amenazas internas y externas. Entre estas amenazas, el gobierno ha señalado el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el cual ha sido calificado como un factor de desestabilización regional.
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Maduro acentuó que el propósito de esta nueva ley y de la activación de los comandos es garantizar que el pueblo y la República estén «listos para ganar» y «triunfar». El mandatario afirmó que, en caso de que las circunstancias lo requieran, la nación está preparada para ir a la lucha armada por el camino del patriotismo y la valentía, si las vías pacíficas se agotan.
La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación centraliza la planificación y ejecución de acciones defensivas, asegurando una cohesión total entre los distintos niveles de gobierno y la capacidad militar. Este nuevo marco legal busca institucionalizar la preparación del país ante cualquier escenario de conflicto, reafirmando el papel central de la unión cívico-militar en la doctrina de seguridad y defensa nacional de Venezuela.
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