La Amazonía atraviesa un momento decisivo. La expansión de la minería ilegal de oro amenaza no solo la estabilidad climática global, sino los derechos humanos de millones de personas que habitan y protegen el bosque tropical más grande y biodiverso del planeta.
Un nuevo informe, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA) —integrada por organizaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela— documentó el deterioro ambiental de la región, el rol de las redes de corrupción y del crimen organizado en el avance de la minería ilegal arrojando cifras alarmantes.
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Entre los hallazgos más importantes, el estudio destaca que más de 5,5 millones de hectáreas de bosque amazónico han sido borradas por la minería ilegal que impera en la región. Esta actividad ha liberado más de 330 millones de toneladas de CO₂ y ha expuesto a 2,3 millones de personas a contaminación por mercurio.
El estudio señaló que en la triada de la devastación amazónica los vacíos de gobernanza, la corrupción, la pobreza y la erosión institucional son combustibles claves en la minería ilegal.
Otro aspecto que se destaca es la violación a los derechos humanos. En las zonas afectadas por la minería se han documentado casos de desplazamientos forzados, asesinatos y erosión cultural en territorios indígenas.
Venezuela en el rompecabezas amazónico
En el informe se expone que Venezuela es una de las grandes protagonistas en el avance e impulso de la minería ilegal y deforestación ambiental.
Entre 2001 y 2024 hay registros de que el país perdió 875.900 hectáreas de cobertura arbórea, de las cuales más de 514.000 corresponden a bosque primario, concentrando el 81% de la pérdida nacional de este tipo de ecosistema.
El estado Bolívar lidera esta devastación con hasta 767.600 hectáreas deforestadas, seguido por Amazonas y Delta Amacuro.
En Venezuela, hubo un antes y un después en la conservación y preservación de estos espacios. Antes del gobierno de Hugo Chávez se favoreció la Amazonía y Guayana venezolana como una región para la conservación de la biodiversidad y protección de la cultura ancestral, es por ello que se decretaron 8 parques nacionales, 19 monumentos naturales y 2 reservas de biósfera entre los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
La legislación venezolana prohíbe la actividad minera de cualquier tipo dentro de las áreas protegidas, las cuales constituyen áreas bajo régimen de administración especial dedicadas a la conservación: parques nacionales, monumentos naturales, reservas, refugios y santuarios de fauna silvestre, así como las reservas de biósfera.
Sin embargo, en los últimos 25 años, se ha incrementado el deterioro de las capacidades institucionales en Venezuela, asociadas a la gestión de estas áreas protegidas determinada principalmente por falta de inversión, la desprofesionalización y politización del Instituto Nacional de Parques, ha generado la casi desaparición de acciones de gestión, incluida la vigilancia y control de las áreas.
También la negligencia y/o asociación del régimen y su Fuerza Armada con grupos armados irregulares para la puesta en práctica de sus políticas extractivistas, ha favorecido la entrada y permanencia de actividades mineras dentro de las áreas protegidas del sur del Orinoco.
Infraestructura minera en Venezuela
En Venezuela, la actividad minera, tanto legal como ilegal, trae consigo la transformación de la cobertura de la tierra más allá del impacto del área en donde se realiza la extracción en bruto.
El informe señala que se requieren carreteras, pistas de aterrizaje, plantas de procesamiento, desarrollo de viviendas y zonas de cultivo.
“Hasta el momento, han sido detectadas 45 pistas clandestinas en los estados Bolívar y Amazonas, así como 22 plantas de procesamiento aurífero con uso de cianuro, aparte de innumerables molinos de oro que emplean mercurio”, señaló la investigación.
Los más afectados
Los efectos de la minería ilegal sobre comunidades locales y pueblos indígenas en Venezuela, están produciendo enorme daño socioambiental y violaciones de derechos humanos.
Entre los pueblos indígenas con mayores afectaciones por la minería ilegal, podemos mencionar a los Pemón, Akawayo, Kari’ña, Ye’kwana, Sanema, E’ñepá, Uwottüja, Jivi, Mako, Yavarana, Yanomami, Curripaco, Baré, Baniva y Piapoco, además de comunidades locales criollas y afrodescendientes en los estados Bolívar y Amazonas.
En 2022, el Consejo consideró su “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil y trata de personas, explotación sexual y narcotráfico.
El estudio afirmó que la minería ha afectado significativamente los territorios indígenas, teniendo como consecuencias contaminación de aguas y suelos, deforestación de bosques, pérdida de fauna y flora; así como también ha generado cambios en la vida comunitaria indígena.
Impacto del uso del mercurio en Venezuela
Un estudio de SOS Orinoco (2021) en Venezuela confirmó la presencia de mercurio en sedimentos, agua, peces y muestras humanas, incluso en comunidades alejadas de los focos mineros.
Aunque las concentraciones en sedimentos y peces generalmente no superan los límites internacionales, se detectaron niveles preocupantes en muestras de cabello de niños y mujeres indígenas Pemón, excediendo los umbrales de la OMS.
Esto sugiere exposición indirecta a través de agua y alimentos contaminados, especialmente por pescado, que facilita la bioacumulación de metilmercurio. Esto incrementa el riesgo de intoxicación crónica, afectando el desarrollo neurológico y la salud reproductiva. Ecológicamente, el mercurio reduce la biodiversidad acuática, altera la reproducción de especies clave y debilita servicios ecosistémicos como la captura de carbono.
Minería y situación económica
El informe precisó que la situación económica venezolana guarda una estrecha relación con la minería ilegal. Más de 20 millones de venezolanos (70% de la población) viven en pobreza multidimensional, careciendo de acceso adecuado a bienes y servicios esenciales, incluyendo alimentos y medicinas; más de 5 millones de personas se enfrentan al hambre y cerca de 8 millones han emigrado a otros países, según estimaciones de la ONG HumVenezuela y HRW.
Por otra parte, la corrupción en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, siendo catalogada como “Gran Corrupción” por Transparencia Internacional.
En 2023, el país fue clasificado como el segundo más corrupto a nivel mundial y el primero en América (Deutsche Welle, 2024). El sector minero venezolano, particularmente en el Arco Minero del Orinoco, se caracteriza por una “Gran Corrupción” sistémica, una profunda fragilidad institucional y significativas deficiencias regulatorias.
El informe aseveró que la debilidad institucional, la corrupción y la ausencia de control estatal han permitido que redes criminales consoliden su presencia en zonas protegidas, convirtiendo a Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú en epicentros críticos de la minería ilegal.
Un dato alarmante que reflejó el estudio des que no se están respetando los compromisos climáticos asumidos por los Estados en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) lo que está generando graves consecuencias, en el cambio climático, afectaciones profundas en la salud pública, la economía local y la resiliencia ecológica. “Esta problemática requiere atención urgente y articulada, y será abordada en detalle en la sección dedicada a políticas públicas”, concluye el informe.
Con información de Runrun
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