La Asamblea Nacional inició este jueves 5 de febrero, la primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional, una iniciativa legislativa que busca establecer las bases para superar la conflictividad política que ha marcado al país en las últimas décadas.
El Proyecto de Ley se encuentra estructurado en 29 artículos distribuidos a lo largo de ocho capítulos. Este articulado comprende desde las disposiciones generales y el ámbito temporal de aplicación hasta las exclusiones por delitos de lesa humanidad, los procedimientos de oficio para la liberación de detenidos y las garantías de retorno para los venezolanos en el exterior.
La normativa culmina con las disposiciones finales que establecen su vigencia inmediata tras la publicación en Gaceta Oficial.
El texto legal propone el perdón de hechos considerados delitos o infracciones cometidos bajo móviles políticos, con el objetivo de restaurar la paz social y la vigencia del debido proceso en Venezuela.
Durante el debate en el Palacio Federal Legislativo, se enfatizó que esta propuesta no busca el desconocimiento del orden constitucional, sino priorizar la dignidad humana y el reencuentro entre venezolanos.
La exposición de motivos destaca: «La amnistía, entendida como una institución de carácter humanitario, político y excepcional, ha sido utilizada como instrumento para restablecer la convivencia».
Un marco temporal de 27 años para el perdón
El proyecto establece un ámbito temporal de aplicación sumamente amplio para garantizar que la medida sea efectiva en la resolución de conflictos prolongados.
Según el artículo 2 de la propuesta: «Se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente Ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta Ley».
Esta ventana de tiempo busca dar respuesta a las consecuencias humanas de la conflictividad histórica.
Además, el parágrafo único del artículo 1 aclara tajantemente: «La aplicación de la amnistía no implica reconocimiento de responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria por parte de los beneficiarios».
Exclusiones claras según la Constitución
A pesar del espíritu de reconciliación, el anteproyecto fija límites estrictos en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución Nacional para evitar la impunidad en casos de extrema gravedad.
El artículo 3 señala que quedan exceptuados los delitos que conlleven a la impunidad de:
- Crímenes de guerra.
- Delitos de lesa humanidad.
- Violaciones graves a los derechos humanos
Asimismo, la ley es clara al excluir crímenes comunes violentos, indicando en sus numerales 4 y 6 que no habrá beneficio para: «Delitos de homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades (…) Delitos de tortura, desaparición forzada, violación y secuestro».
Prioridad para presos políticos y libertad inmediata
Uno de los puntos más urgentes de la propuesta es la aplicación preferente para las personas privadas de libertad por motivos de conciencia.
El artículo 4 exige: «Tendrán aplicación inmediata y preferente los beneficios de la presente Ley respecto de personas privadas de libertad por hechos de naturaleza política, de opinión, de manifestación pacífica o de expresión en redes sociales».
Para asegurar que la justicia no se retrase, el artículo 5 ordena medidas provisionales: «Mientras se verifica la aplicación definitiva de la amnistía, los tribunales deberán acordar de forma inmediata medidas sustitutivas de libertad, casa por cárcel o libertad condicional (…) garantizando la primacía de la libertad como regla general».
Perdón para delitos de opinión y protestas
El texto detalla una lista extensa de delitos que serían amnistiados cuando se hayan cometido en el contexto de la crisis política.
El artículo 6 concede el beneficio por: «La expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido».
Específicamente, el literal «a» de dicho artículo incluye la amnistía para la: «Instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y apología del delito, tipificados en el artículo 285 del Código Penal».
Revisión de procesos judiciales sin imparcialidad
El capítulo IV introduce la amnistía por violación del debido proceso, aplicable cuando la justicia actuó de forma discriminatoria.
El artículo 11 indica que se concede el perdón cuando: «La persecución penal del supuesto responsable se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia, en virtud de una aplicación discriminatoria de las normas».
El artículo 12 describe como supuesto de desconfianza judicial: «Cuando la investigación o el proceso penal se hubiera iniciado, reabierto o reimpulsado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud, efectuada públicamente por el Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes u otra alta autoridad».
Restitución de derechos y reincorporación laboral
La propuesta de amnistía busca la reparación integral de los derechos afectados. El artículo 22 ordena sobre los bienes: «El levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares reales (…) ordenándose la restitución material de dichos bienes a sus legítimos propietarios en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles».
En cuanto al ámbito laboral, el artículo 26 garantiza que los trabajadores despedidos por sus ideas: «Tendrán derecho a la reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo, sin perjuicio de las acciones que correspondan por salarios caídos».
Finalmente, para quienes están fuera del país, el artículo 28 ordena: «El levantamiento inmediato de todas las alertas migratorias, órdenes de captura nacionales y notificaciones rojas de INTERPOL (…) garantizando el retorno seguro y sin persecución».
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