La Plataforma Democrática presentó su balance más reciente sobre la situación de los detenidos por motivos políticos el cual contempla para las 2:00pm de este sábado 7 de febrero de 2026, 391 excarcelados desde el pasado 8 de enero.
No obstante, la organización expresó su profunda preocupación y condena ante lo que califican como un estancamiento del proceso, tras contabilizar apenas 10 nuevas liberaciones en las últimas 72 horas.
A las puertas de los centros de reclusión como Tocorón, Tocuyito, El Helicoide, Yare y El Rodeo, el panorama es desolador. Cientos de familiares se mantienen en vigilia permanente, pernoctando en las aceras a la espera de un listado que no termina de llegar.
«Venezuela clama unida por la libertad inmediata de TODOS», reza el comunicado de la Plataforma Democrática, donde se exige al Estado la ejecución de procesos masivos, expeditos y, sobre todo, transparentes, que pongan fin a la cifra de 721 presos políticos que aún permanecen en las celdas según sus registros.
Voces de alerta ante la opacidad del proceso
La disparidad en las cifras ha sido uno de los puntos más críticos de esta jornada. Mientras la Plataforma Democrática maneja sus propios datos, la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, directora del Casla Institute, ha lanzado duras advertencias desde el exilio.
Suju sostiene que el gobierno de Maduro intenta «maquillar» la realidad ante la comunidad internacional.
Según la activista, existe una estrategia para abultar las listas de liberados incorporando a personas detenidas por delitos comunes o casos de corrupción interna, intentando hacerlos pasar por perseguidos políticos para ganar legitimidad en las mesas de negociación.
Por otro lado, la organización Foro Penal, referente en la defensa de los derechos civiles en el país, mantiene una cifra ligeramente más conservadora debido a sus estrictos protocolos de verificación individual.
Alfredo Romero, director de la ONG, ha señalado que, aunque celebran cada salida, la mayoría de los excarcelados mencionados por la plataforma no cuentan con libertad plena.
«Estamos ante libertades bajo fianza o medidas cautelares que incluyen prohibiciones de salida del país y regímenes de presentación, lo que mantiene la espada de Damocles sobre los ciudadanos», explicó recientemente en sus canales oficiales.
Una crisis humanitaria tras las rejas
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), bajo la coordinación de Rosa Orozco y Martha Tineo, ha puesto el foco en las condiciones infrahumanas que enfrentan quienes aún no han sido beneficiados.
Las defensoras de Derechos Humanos denuncian que el proceso es «opaco y desesperadamente lento» para familias que ya han agotado sus recursos económicos y emocionales.
Desde JEP se hace un llamado urgente para que se garantice que las liberaciones sean públicas, evitando que la entrega de boletas de excarcelación ocurra a altas horas de la noche o de manera clandestina, lo que aumenta la angustia de los parientes.
En la acera oficialista, las declaraciones han sido esquivas. Voceros como la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, han señalado más de 800 liberados, cifra que no coincide con las que manejan las ONG en Venezuela, quienes piden a las autoridades del gobierno las listas de sus excarcelados para así realizar las comparaciones del caso.
Otro de los funcionarios de gobierno, que recientemente lamentó la existencia de presos políticos, fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación de la Ley de Amnistía, donde pidió perdón y reconoció que tienen que perdonar.
La presentación de este nuevo instrumento legal está marcado por un discurso que sigue cargado de estigmatización hacia los detenidos, a quienes se les continúa vinculando con «planes conspirativos».
Esta narrativa oficial choca frontalmente con la exigencia de la Plataforma Democrática, que insiste en que el reconocimiento de la existencia de estos presos es el primer paso para una verdadera pacificación nacional.
El país observa con atención si en las próximas horas se reactivará el flujo de salidas o si, por el contrario, el proceso continuará a cuentagotas, prolongando el sufrimiento de los cientos de venezolanos que aún aguardan por un abrazo en libertad.
Urge atención psicológica para los excarcelados
Más allá de la alegría por el reencuentro, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha encendido las alarmas sobre el estado de salud mental de quienes están abandonando las prisiones.
La afectación psicológica derivada del aislamiento, las condiciones de reclusión y la incertidumbre judicial ha dejado huellas profundas que, según la ONG, requieren atención profesional inmediata y especializada.
Un caso que ha conmocionado a la opinión pública y que sirve de crudo ejemplo de este deterioro es el de Oscar Castañeda, joven oriundo de Turén, estado Portuguesa. Tras 22 meses de detención, el joven recuperó su libertad física, pero el impacto emocional fue tal que, al momento del reencuentro, no logró reconocer a sus propios familiares.
Este nivel de desorientación y disociación evidencia el daño estructural a la psiquis que enfrentan los detenidos, muchos de los cuales presentan cuadros de estrés postraumático severo, depresión y ansiedad generalizada.
Martha Tineo, coordinadora de JEP, ha insistido en que el Estado y las organizaciones humanitarias deben priorizar el acompañamiento psicosocial.
«No basta con abrir las puertas de la celda; estas personas están saliendo con su salud mental seriamente deteriorada. El trauma del encarcelamiento político no se borra con una boleta de excarcelación, especialmente cuando los procesos han carecido de toda garantía básica», ha señalado la activista en reiteradas ocasiones.
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