La dinámica de movilización ciudadana en Venezuela experimentó un repunte significativo durante el segundo mes del año. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se contabilizaron un total de 599 protestas en todo el territorio nacional durante febrero, lo que evidencia una persistente espiral de conflictos en diversas regiones del país.
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El reporte detalla una división clara en las motivaciones de los manifestantes. Del total de las acciones de calle, 176 estuvieron relacionadas con la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), vinculados principalmente a la precariedad de los servicios públicos y reivindicaciones laborales. No obstante, el grueso de la movilización se concentró en los Derechos Civiles y Políticos (DCP), que motivaron 423 protestas, reflejando una marcada inclinación hacia temas de institucionalidad y participación ciudadana.
Distrito capital y miranda encabezan el índice de conflictos
Geográficamente, la conflictividad se concentró con mayor intensidad en la región central del país. El Distrito Capital y el estado Miranda lideraron las estadísticas de manifestaciones, consolidándose como los focos principales de la actividad de calle. Esta concentración en la capital responde, según analistas, a la visibilidad que ofrecen las sedes de los poderes públicos para la entrega de documentos y la realización de pronunciamientos.
En cuanto a las modalidades utilizadas por los ciudadanos para expresar su descontento, el OVCS identificó que las concentraciones y las vigilias fueron las formas de protesta más recurrentes. Estas estrategias, que evitan en muchos casos el cierre total de vías pero mantienen la presencia física en espacios públicos, han permitido a los distintos sectores gremiales y políticos sostener sus reclamos de manera prolongada.
Participación política y justicia: las mayores exigencias
El análisis del Observatorio destaca un cambio en la jerarquía de las demandas. Si bien en años anteriores los reclamos por servicios básicos dominaban la escena, en febrero de 2026 los derechos más exigidos fueron el derecho a la participación política y el derecho a la justicia.
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