La organización VE sin Filtro, en representación de más de 30 instituciones de la sociedad civil y medios de comunicación, consignó este lunes, 20 de abril de 2026, una nueva comunicación ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El documento, dirigido al director general del ente, Enrique Quintana Sifontes, reitera la solicitud de información pública y la exigencia del cese de restricciones digitales en el territorio nacional.
Vencimiento de lapsos legales
La acción surge tras haberse cumplido el plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Según la organización, la solicitud inicial fue presentada el pasado 12 de marzo sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta formal por parte del organismo regulador.
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En el texto entregado, se enfatiza que el derecho de acceso a la información posee rango constitucional en Venezuela, amparado en los artículos 51, 57, 58, 141 y 143 de la Carta Magna. Estos apartados reconocen el deber del Estado de garantizar el acceso a datos de interés público de manera oportuna y clara.
Más de 200 sitios web bloqueados
De acuerdo con los registros de las organizaciones firmantes, en Venezuela se mantiene el bloqueo de más de 200 sitios web, de los cuales aproximadamente 60 corresponden a medios de comunicación digitales. La comunicación ante Conatel detalla que estas restricciones afectan no solo a portales informativos, sino también a:
- Plataformas de herramientas de comunicación.
- Servicios de elusión de censura (VPN).
- Servicios en línea de diversas naturalezas.
Las organizaciones califican estos bloqueos como administrativos y discrecionales, señalando que la falta de transparencia sobre estas medidas limita el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y la búsqueda de información.
Petición de transparencia y legalidad
La misiva, suscrita por Valentina Aguana Villegas, coordinadora de Conexión Segura y Libre/VE sin Filtro, concluye con un llamado al cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. La exigencia se centra en el restablecimiento del acceso a todo el ecosistema digital y la publicación de los criterios técnicos utilizados para la ejecución de dichas restricciones.
Este nuevo paso administrativo busca agotar las instancias internas para obtener una respuesta institucional sobre las políticas de telecomunicaciones que impactan la conectividad y el acceso a la red de los ciudadanos venezolanos.
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