La Fundación Arcadia formalizó una acción jurídica ante el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU. para impedir que recursos pertenecientes al Estado venezolano sean utilizados para pagar la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.
La iniciativa, sitúa al Gobierno estadounidense frente a la interrogante de «si los fondos soberanos venezolanos, sometidos a custodia y control para fines públicos, pueden ser convertidos en fuente de pago para los abogados de dos personas vinculadas a procesos penales de máxima gravedad».
Arcadia advirtió que autorizar estos pagos podría ser usado por la defensa en Nueva York para alegar falsamente un «trato oficial» o estatus estatal para Maduro, lo que -a su juicio- complica «de manera innecesaria un proceso penal ya cargado de implicaciones políticas y jurídicas».
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En este sentido, Robert Carmona-Borjas, en nombre de Arcadia, señaló que el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John M. Barrett, debería solicitar al Departamento de Estado que «acelere la revisión de estas comunicaciones», pues el asunto involucra fondos venezolanos.
«Un país golpeado por la corrupción, la destrucción institucional y el uso patrimonial del Estado no puede ver sus recursos convertidos, por una autorización externa, en instrumento de defensa privada para quienes han ejercido el poder desde la opacidad», agregó la fundación.
La fundación expresó además que La comunicación dirigida al secretario Rubio introduce también una cuestión de límites. «Si la defensa penal privada de Maduro y Flores pudiera ser presentada como un gasto público del Estado venezolano por la sola razón de que ambos estuvieron vinculados a la cúspide del poder, entonces habría que explicar por qué ese mismo razonamiento no alcanzaría a otros funcionarios, militares, agentes o representantes del aparato estatal venezolano sometidos a procesos penales dentro de Estados Unidos o fuera del país. Sin un criterio delimitador, la excepción dejaría de serlo y abriría una categoría peligrosa: la posibilidad de que fondos públicos venezolanos financien defensas personales bajo el pretexto de una relación pasada o presente con el Estado».
Recientemente, el juez federal de Manhattan, Alvin Hellerstein, aceptó una resolución presentada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que modifica el régimen de sanciones y permite al gobierno venezolano financiar los gastos legales de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso judicial que enfrentan por cargos de narcotráfico.
Hellerstein dio por resuelto un recurso presentado por la defensa de Maduro para desestimar el caso, tras considerar que los cambios en las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) hacían el planteamiento “sin objeto”.
Durante una audiencia en marzo, Hellerstein había cuestionado la negativa del gobierno estadounidense a permitir el acceso a esos recursos, señalando inconsistencias en la postura oficial, especialmente considerando que existen transacciones comerciales vigentes con Venezuela.
Según el fallo, las nuevas autorizaciones permiten que el gobierno de Venezuela realice pagos a la defensa legal de Maduro, siempre que los fondos provengan de recursos disponibles tras el 5 de marzo de 2026, fecha en la que Estados Unidos y el gobierno interino venezolano anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.
Restricciones al uso de fondos públicos para defensa privada
El planteamiento de Arcadia sostiene que, si determinados recursos venezolanos se encuentran protegidos y reservados para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, no pueden «ser desviados administrativamente hacia una defensa privada» sin una determinación expresa, escrita y jurídicamente sostenible del secretario de Estado.
La organización aseguró que «no se trata de negar defensa legal a ningún acusado ni de desconocer garantías procesales del sistema estadounidense», sino que «si se trata de dinero soberano venezolano sujeto a una finalidad pública, su uso para pagar abogados privados exige una explicación formal del Gobierno estadounidense».
Asimismo, argumenta que «si la defensa penal privada de Maduro y Flores pudiera ser presentada como un gasto público del Estado venezolano por la sola razón de que ambos estuvieron vinculados a la cúspide del poder», el gobierno norteamericano debe explicar porque «ese mismo razonamiento no alcanzaría a otros representantes del aparato estatal venezolano sometidos a procesos penales dentro de Estados Unidos o fuera del país».
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