En un movimiento orientado a la revisión del aparato judicial, el fiscal general de la República, Larry Devoe, anunció este martes el inicio de una etapa de «comunicación directa» con diversas ONG dedicadas a la defensa de derechos fundamentales.
El funcionario utilizó sus canales oficiales para invitar formalmente a estas agrupaciones a sumarse a la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal, con el fin de integrar sus visiones en la reforma del sector.
A esta mesa de trabajo acudieron representantes de organizaciones con amplio recorrido en el país, tales como Provea, Cecodap, Civilis y SurGentes, quienes presentaron un diagnóstico crítico sobre la situación actual.
Exigencias de justicia y reformas estructurales
Durante la jornada, los portavoces de la sociedad civil expusieron la necesidad de corregir las fallas que permiten la denegación de justicia. Oscar Murillo, coordinador de Provea, insistió en que la reconstrucción institucional de Venezuela requiere obligatoriamente el respeto a la Constitución.
Según Murillo, resulta vital que los tribunales garanticen el derecho al habeas corpus y permitan que cualquier detenido cuente con una defensa de su confianza para frenar la cadena de arbitrariedades.
Por otro lado, Carlos Trapani, desde Cecodap, puso el foco en la vulnerabilidad de los menores de edad. Denunció la ejecución de arrestos sin órdenes judiciales y alertó sobre la preocupante tendencia de imputar delitos de terrorismo a adolescentes.
Trapani instó al Estado a aplicar un enfoque de protección que analice si estos jóvenes son víctimas de manipulación por parte de adultos, en lugar de recibir un trato puramente punitivo.
Un nombramiento bajo la lupa política
La gestión de Larry Devoe, quien asumió la titularidad del Ministerio Público el pasado 9 de abril, comenzó bajo intensos cuestionamientos. Su desempeño previo como representante del Estado ante instancias internacionales le valió duras críticas por parte de sectores opositores, donde se expusieron violaciones a los derechos humanos. Dirigentes como Juan Pablo Guanipa cuestionaron su idoneidad y lo señalaron por avalar las políticas del Ejecutivo durante años.
A pesar de estos señalamientos, Devoe busca validar su gestión mediante la cooperación técnica. En este sentido, confirmó también el inicio de un plan de trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras reunirse con su jefa de delegación, Valérie Aubert, con el propósito de fortalecer la vigilancia de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios del país.
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