El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció este miércoles que diversos tribunales del país han mostrado resistencia para tramitar expedientes amparados bajo la Ley de Amnistía. Según el abogado, esta situación se ha agudizado tras las recientes declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre el alcance y la interpretación de dicha normativa.
Durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, Romero señaló que las limitaciones impuestas en las sedes judiciales comprometen el debido proceso. Para el representante de la organización no gubernamental, este escenario evidencia una ausencia de autonomía institucional y una subordinación de los tribunales a las directrices de otros poderes del Estado.
Cuestionamiento a la autonomía institucional
Romero fue enfático al analizar la conducta de los órganos jurisdiccionales frente a las solicitudes de los procesados políticos. El especialista en derechos humanos vinculó la negativa de los tribunales directamente con la influencia de voceros del Ejecutivo nacional sobre las decisiones que deberían ser estrictamente legales y técnicas.
“Es una expresión clara y obvia de la no separación de poderes y la falta de independencia del Poder Judicial”, afirmó el director del Foro Penal durante la entrevista.
Sostuvo que el sistema de justicia debe operar sin presiones externas para garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes en el país.
Límites de las facultades del Ejecutivo
El abogado recordó que, dentro del marco constitucional venezolano, el Ejecutivo no posee facultades para derogar o suspender de manera unilateral la aplicación de las leyes. Explicó que cualquier modificación sustancial a una norma aprobada corresponde exclusivamente al Poder Legislativo o, en su defecto, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante los canales regulares.
En ese sentido, el representante del Foro Penal subrayó que la Ley de Amnistía no contempla una fecha de vencimiento ni cláusulas de caducidad automática. Por tanto, insistió en que su vigencia es plena mientras no exista una reforma legal o una sentencia judicial firme que determine lo contrario siguiendo el ordenamiento jurídico.
Impacto en el sistema de justicia
Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el retraso procesal que estas trabas generan en los casos de ciudadanos detenidos por motivos políticos. La denuncia de Romero apunta a que la interpretación restrictiva de la ley, basada en declaraciones políticas, debilita la seguridad jurídica y el Estado de derecho en Venezuela.
Finalmente, el Foro Penal reiteró que continuará documentando las irregularidades en los tribunales para elevarlas ante instancias internacionales. La organización insiste en que el respeto a la independencia de poderes es fundamental para que la Ley de Amnistía cumpla con su propósito de reconciliación y justicia.
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