Venezuela reiteró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su postura de que la disputa territorial con Guyana por el Esequibo debe resolverse mediante negociación directa entre ambos países y no a través de ese tribunal.
La posición fue expuesta durante audiencias en La Haya, donde representantes venezolanos insistieron en que la corte carece de jurisdicción para decidir el caso.
El canciller Yván Gil declaró que “la única vía sigue siendo el Acuerdo de Ginebra”, en referencia al mecanismo firmado en 1966 que establece la negociación bilateral como forma de solución.
Tras la audiencia, el funcionario reafirmó que Venezuela no reconoce la competencia de la CIJ en este proceso.
Por su parte, Guyana solicitó al tribunal que confirme la validez del laudo arbitral de 1899, el cual fijó la frontera y otorgó el territorio a la entonces Guayana Británica.
Esta diferencia de criterios ha marcado el eje central del litigio presentado ante la instancia internacional.
Gil calificó los argumentos de Guyana como “argumentos falsos” y “una serie de manipulaciones”, señalando que buscan que la CIJ resuelva lo que considera “un tema político, un tema de controversia entre dos países”.
Además, aseguró que “nada de lo que se ha presentado el día de hoy contradice los derechos” de Venezuela.
El canciller también expresó su convicción de que el conflicto terminará en una mesa de negociación. “No hay dudas que el resultado final de esto es que Guyana se sentará nuevamente con Venezuela, tarde o temprano, a negociar con el Acuerdo de Ginebra 1966”, afirmó.
Conflicto
El territorio del Esequibo abarca aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados y posee importantes reservas de petróleo y gas, lo que ha incrementado su relevancia estratégica en los últimos años. Esta riqueza energética ha añadido presión al diferendo histórico entre ambas naciones.
Venezuela sostiene que el laudo de 1899 es inválido y argumenta que el Acuerdo de Ginebra de 1966 dejó sin efecto esa decisión. En consecuencia, defiende que el mecanismo adecuado es la negociación directa, sin intervención de la CIJ.
Guyana llevó el caso ante la corte en 2018 con el objetivo de obtener una confirmación legal definitiva de sus fronteras. Desde entonces, Venezuela ha mantenido su rechazo a la jurisdicción del tribunal y ha reiterado su apuesta por el diálogo bilateral.
Se espera que el fallo de la CIJ sea emitido en los próximos meses. Aunque las decisiones del tribunal son vinculantes, no cuenta con mecanismos directos para garantizar su cumplimiento, lo que añade incertidumbre sobre el desarrollo futuro del caso.
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