La Asamblea Nacional activó el proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en medio de cuestionamientos de Transparencia Venezuela, que advierte que la nueva designación se produce apenas cuatro años después de la “renovación” de 2022.
La organización sostiene que el Parlamento debe justificar con mayor claridad por qué se impulsa otra reconfiguración del máximo tribunal, ahora con al menos 12 vacantes por cubrir.
Vacantes en el TSJ
Según el balance citado por Transparencia Venezuela, el TSJ enfrenta un número de ausencias que supera la mitad de sus integrantes. El cálculo combina las ocho jubilaciones anunciadas el 27 de abril con otras vacantes detectadas por la organización.
Entre los casos señalados figuran salidas en salas clave del tribunal, lo que refuerza la presión sobre el proceso en curso. La ONG sostiene que la magnitud de estas vacantes amerita explicaciones públicas más detalladas sobre el alcance real de la renovación.
Debate por la designación
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, atribuyó el proceso a jubilaciones, renuncias y reasignaciones de magistrados a otras responsabilidades. Esa explicación, sin embargo, también fue cuestionada por Transparencia Venezuela, que considera que no despeja las dudas sobre la necesidad de abrir una nueva ronda de postulaciones.
La discusión se centra ahora en la legitimidad, la oportunidad y la transparencia del procedimiento. En ese contexto, el Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales será el encargado de revisar las candidaturas de aspirantes a magistrados y avanzar en la selección de los nuevos nombres del Poder Judicial.
Contexto institucional
El proceso ocurre mientras la sociedad civil ya presentó postulaciones para integrar el comité encargado de escoger a los futuros magistrados. Ese paso forma parte de una ruta institucional que busca recomponer la estructura del TSJ, aunque con reservas de sectores que piden aclarar por qué se vuelve a renovar el tribunal tan poco tiempo después del proceso anterior.
La controversia coloca nuevamente al TSJ en el centro del debate político e institucional del país, con un foco especial en la composición de sus salas y en la forma en que se cubrirán las vacantes acumuladas.
Jubilaciones y perfiles de los magistrados salientes
Las jubilaciones anunciadas en abril afectan a figuras con larga trayectoria y estrechos vínculos con el anterior régimen:
- Maikel Moreno (Sala Penal): Permaneció más de 20 años en el TSJ. Sancionado por 42 países e investigado en Estados Unidos por presunta corrupción, donde se ofreció una recompensa de USD 5 millones por su captura.
- Elsa Janeth Gómez Moreno (Sala Penal): Tía política de la familia de Cilia Flores. Fue cuestionada en 2013 por un “error inexcusable” en un caso de corrupción y recientemente señalada por su rol en la persecución judicial de opositores tras las elecciones de 2024.
- Luis Fernando Damiani Bustillos (Sala Constitucional): Integrante desde 2010, había asegurado 24 años más en 2022.
- Edgar Gavidia Rodríguez (Sala Social): Hermano de Walter Gavidia (ex esposo de Cilia Flores) y militante histórico del chavismo.
- Henry José Timaure Tapia (Sala Civil): Militar de la promoción “Los Montilleros”, la misma de Diosdado Cabello.
- Carmen Enedia Alves Navas (Sala Civil), Juan Carlos Hidalgo Pandares y Malaquías Gil Rodríguez (Sala Político-Administrativa), estos dos últimos también militares con trayectorias en el ámbito judicial y sancionados internacionalmente por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Tras las salidas, en varias salas la mayoría de los integrantes serán ahora magistrados suplentes. La Sala Electoral es la única que no registra retiros hasta ahora; fue la misma que validó la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.
El proceso que inicia ahora busca llenar estas plazas con un mecanismo que incluye participación de la sociedad civil a través del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales.
Fuentes parlamentarias indican que el objetivo es avanzar en la “normalización institucional” del Poder Judicial tras los cambios políticos ocurridos en el país. La designación final de los nuevos magistrados quedará en manos de la Asamblea Nacional una vez que el Comité entregue la lista de candidatos idóneos.
Trasparencia alerta que esta situación evidencia una reconfiguración profunda del máximo tribunal sin suficientes niveles de información pública y transparencia institucional.
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