La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó de forma contundente la postura histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo.
Durante un acto de condecoración al equipo defensor del país, Rodríguez recordó la reciente participación de la delegación nacional en las audiencias orales de La Haya. Al respecto, la mandataria interina fue tajante al afirmar que dicho proceso judicial «no ha debido existir si reivindicamos el derecho internacional».
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Según explicó, la comparecencia ante el tribunal tuvo como único objetivo defender la verdad histórica de la nación y exponer las pruebas que demuestran la legítima soberanía venezolana sobre el territorio.
Un mandato constitucional respaldado por el voto popular
Rodríguez enfatizó que desconocer las facultades de la CIJ no es un simple capricho institucional, sino un mandato legal de estricto cumplimiento fundamentado en el orden constitucional y en la voluntad popular.
En este sentido, la funcionaria destacó el peso político del pasado referéndum consultivo, donde se logró una respuesta histórica:
El 98% de los votantes rechazó expresamente otorgar competencias a la Corte de La Haya para dirimir la disputa territorial.
El rechazo al «fraude histórico» de 1899
Al profundizar en los motivos geopolíticos de la decisión, la presidenta encargada argumentó que aceptar la jurisdicción de la CIJ equivaldría a convalidar el Laudo Arbitral de 1899, un dictamen de la época colonial mediante el cual potencias imperiales despojaron al país de sus tierras.
«El pueblo de Venezuela no reconoce [a la CIJ] porque justamente sería validar el fraudulento laudo de 1899, donde se le entregó a terceros asuntos tan delicados para la República como es la integridad territorial de nuestro país y la dignidad histórica de nuestro pueblo», sentenció Rodríguez.
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