El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazó retirar el pasaporte e imponer la prohibición de salir de España al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su declaración de este miércoles como investigado en el marco del «caso Plus Ultra».
Según el instructor, no existe un riesgo real de fuga que justifique tales medidas cautelares, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.
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A pesar de mantener su libertad sin restricciones, el juez Calama precisó en su auto que las explicaciones ofrecidas por el exlíder socialista durante un interrogatorio de casi tres horas «no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que pesan en su contra dentro de la causa principal.
Arraigo y notoriedad frente al riesgo de fuga
Para denegar las medidas de control, el magistrado argumenta que el expresidente cuenta con un evidente arraigo familiar, social y económico en España. Asimismo, subraya que su altísima notoriedad pública hace prácticamente imposible que pueda sustraerse de la acción de la justicia de forma anónima o discreta.
El tribunal también ha descartado el riesgo de destrucción de pruebas, al entender que la documentación esencial ya ha sido intervenida, y advierte que limitar sus movimientos supondría una «restricción injustificada de su libertad personal» que operaría de forma errónea como una pena anticipada.
Silencio sobre las joyas halladas en su despacho
Durante la comparecencia, José Luis Rodríguez Zapatero negó haber ejercido tráfico de influencias o presiones para la concesión del rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra en el año 2021. La investigación principal mantiene sobre él los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias.
No obstante, el exmandatario se ha acogido a su derecho a no declarar en lo relativo a la pieza separada del caso, centrada en el hallazgo de 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho. Su equipo jurídico ha solicitado un plazo de entre una semana y diez días para recopilar y presentar los documentos que acrediten el origen legal y la regularización fiscal de dichos bienes.
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