Venezuela anunció este viernes 24 de julio su retiro formal de la Corte Penal Internacional (CPI), invocando el artículo 127 del Estatuto de Roma. La decisión fue notificada al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para iniciar de forma definitiva el proceso de denuncia del tratado.
A través de su cuenta en X, el canciller Félix Plasencia señaló que la medida se ejecuta «por instrucciones» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
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Según el comunicado oficial difundido por el canciller, la decisión responde a un presunto «sesgo geográfico» en la actuación del tribunal internacional. El Gobierno venezolano sostiene que la CPI ha concentrado sus acciones de manera desproporcionada en países de África y América Latina, «en detrimento del Sur Global».
Plasencia afirmó que este patrón: «Revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
Asimismo, el texto oficial calificó el accionar del organismo como una estrategia de lawfare (guerra judicial) contra la nación:
«Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger», añadió el canciller, reiterando el compromiso del Estado con una justicia respetuosa de la soberanía nacional.
Antecedentes y alcance jurídico
La notificación ante la ONU constituye el paso formal a un proceso iniciado en diciembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— aprobó por unanimidad la Ley por Palestina y la Justicia, derogando la ley aprobatoria del Estatuto de Roma. Aquella medida legislativa surgió como respuesta al anuncio de la Fiscalía de la CPI de cerrar su oficina técnica en Caracas, tras no constatar un «progreso real» en materia de complementariedad con el sistema judicial venezolano.
De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma:
Entrada en vigor: El retiro definitivo se concretará un año después de que la ONU reciba la notificación.
Obligaciones pendientes: La medida no exime al Estado de las obligaciones contraídas durante su permanencia en el tratado, ni anula la competencia del tribunal sobre presuntos crímenes cometidos antes de que la denuncia surta efecto.
Por ello, la Fiscalía de la CPI mantendrá abierta la investigación «Venezuela I», enfocada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014 (luego de que en marzo de este año se cerrara el examen preliminar «Venezuela II»).
Hasta la fecha, solo Burundi y Filipinas han consumado su salida definitiva de la Corte Penal Internacional.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
Venezuela…
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