El Ejecutivo nacional de Venezuela, bajo la gestión de Delcy Rodríguez, anunció formalmente la decisión de denunciar el Estatuto de Roma para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI).
La notificación fue transmitida por el diplomático Félix Plasencia González al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
A través de sus canales oficiales, Plasencia señaló: «Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127».
Plasencia afirmó que este patrón: «Revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
Asimismo, el texto oficial calificó el accionar del organismo como una estrategia de lawfare (guerra judicial) contra la nación
En ese sentido, la mandataria interina argumentó que la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), se debe a que ese organismo «agredió» al pueblo venezolano y al gobierno.
Sin embargo, para la investigadora, politóloga y escritora, Maibort Petit: «esa narrativa contrasta con las críticas de quienes sostienen que la CPI nunca actuó directamente contra el régimen, pese a las denuncias e investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos».
Lo que sí es cierto, es que la medida ha generado un amplio debate sobre las repercusiones legales que este paso implica para el país y para las investigaciones que adelanta el tribunal de La Haya xontra el gobierno venezolano por presuntos delitos de Lesa Humanidad cometidos en la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Sin efecto inmediato
Tras la notificación oficial, la Corte Penal Internacional recordó que la decisión de retirar a Venezuela del Estatuto de Roma no tendrá un efecto inmediato.
El tribunal advirtió que durante el próximo año el gobierno venezolano seguirá sujeto a las obligaciones establecidas por el tratado internacional. OEn ese sentido, la CPI enfatizó que el país deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya abiertos, pese al anuncio oficial de iniciar su desvinculación.
Esta postura coincide con lo establecido en el Artículo 127 del Estatuto de Roma que establece que un Estado puede retirarse mediante notificación escrita al Secretario General de la ONU, y que esa salida surte efecto un año después de recibida la notificación, salvo que se fije una fecha posterior.
Además, aclara que el retiro no libera al Estado de las obligaciones que ya tenía mientras fue parte del Estatuto, incluidas las obligaciones financieras, ni afecta la cooperación con investigaciones o procesos que ya estuvieran en curso antes de que la denuncia se hiciera efectiva.
En otras palabras, salir de la CPI no borra lo ocurrido antes de la salida ni frena automáticamente los casos ya abiertos
Antecedentes
Venezuela forma parte del Estatuto de Roma desde el año 2000, por lo que quedó sometida a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión cometidos en su territorio o por sus nacionales.
La relación con la CPI se profundizó en 2018, cuando se abrió un examen preliminar sobre posibles violaciones a derechos humanos vinculadas a la represión de protestas y otras denuncias documentadas en el país.
Desde entonces, el caso Venezuela ha tenido varias fases, entre ellas remisiones de Estados Parte y solicitudes del propio gobierno venezolano ante la Corte. Por eso, la decisión de retirarse del Estatuto de Roma no borra lo ya ocurrido ni detiene automáticamente los procedimientos en curso: la salida, además, solo surte efecto después de un año de notificación formal.
Reacciones en contra
Las ONG venezolanas consultadas han rechazado la decisión y advierten que dicha decision no detiene las investigaciones abiertas ni las que puedan iniciarse durante el próximo año, porque la salida tardará un año en hacerse efectiva y las obligaciones de cooperación siguen vigentes.
Así lo aclaró la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) quienes aseguran que la medida no frena la investigación en curso denominada «Venezuela I». Según el texto legal, la desvinculación de un Estado no se concreta al momento de la declaración pública, sino un año después de que la denuncia sea registrada formalmente ante las Naciones Unidas.
Al respecto, Provea destacó que «las investigaciones abiertas hasta ahora y durante el próximo año no se verán afectadas por el retiro», recordando además que se mantienen los compromisos financieros pendientes, los cuales ascienden a más de 14 millones de euros.
“Le recordamos (a Delcy Rodríguez) que Venezuela seguirá siendo parte del Estatuto de Roma al menos un año más.* Los crímenes cometidos dentro de ese año podrán ser investigados y sus responsables condenados”, dijo Provea.
Por su parte el Comité por la Libertad de los Presos Políticos también pidió revertir la medida, mientras otras voces de la sociedad civil la ven como un retroceso frente a la impunidad.
El caso «Venezuela I» y la destitución de Karin Khan
Respecto al desarrollo del caso «Venezuela I», la ONG Justicia, Encuentro y Perdón precisó que las actuaciones procesales continúan su trámite legal regular.
La organización subrayó que si del proceso derivan órdenes de captura contra presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, estas conservarán plena validez y aplicabilidad en el ámbito internacional.
Asimismo, ante las inquietudes sobre la situación del fiscal Karim Khan, quien recientemente fue destituido de la fiscalía de la CPI, la organización detalló que su eventual separación o sustitución no invalida ni paraliza la causa.
«Es fundamental recordar que la investigación sobre nuestro país cuenta con un blindaje institucional que garantiza su continuidad, ya que Khan se encuentra formalmente separado de la causa venezolana desde hace tiempo y el trabajo diario está en manos de un equipo técnico y una Fiscalía Adjunta plenamente operativos», dijo la ONG.
De esta manera, el marco técnico y probatorio acumulado por la Fiscalía de la CPI mantendrá su curso institucional, independientemente de la denuncia y retiro del Estatuto de Roma formalizada por parte las autoridades venezolanas.
Postura de EEUU
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos fijó posición oficial expresando su respaldo a la medida promovida por la administración de Delcy Rodríguez.
En una declaración pública, la diplomacia estadounidense señaló: «Estados Unidos celebra la decisión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la alianza del nuevo gobierno venezolano en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI».
La administración estadounidense fundamentó su respaldo en duras observaciones hacia la actuación del tribunal internacional.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado: «La llamada corte ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. En su lugar, la CPI ha desperdiciado sus recursos en investigar e imputar a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción de la corte».
Asimismo, Washington acotó que, bajo la conducción del presidente Donald Trump y las acciones de sus fuerzas armadas, los procesos contra los señalados se canalizan actualmente ante la justicia norteamericana: «Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de los valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de EE. UU. por los delitos que cometió. Es hora de desmantelar la CPI».
Finalmente, el gobierno estadounidense extendió un llamado a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma.
Todo apunta, tal como lo mencionó la investigadora y politóloga Maibor Petit, a que el chavismo busca aprovechar el contexto internacional y la postura de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para impulsar esta decisión, con el objetivo de reducir el impacto que pudieran tener futuras actuaciones de la Corte relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
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