Una filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ha formalizado un litigio ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Petrojam, la petrolera estatal de Jamaica. La acción legal busca una compensación justa tras la nacionalización forzosa de la refinería de la que la estatal venezolana era copropietaria.
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Este caso se suma a la red de arbitrajes internacionales que el Estado venezolano sostiene globalmente para proteger, recuperar y monetizar sus activos en el exterior.
Antecedentes de la alianza
Para entender el origen del conflicto, es necesario remontarse a 2006:
- Bajo la iniciativa geopolítica de Petrocaribe, PDV Caribe (filial de PDVSA) adquirió el 49% de las acciones de Petrojam. El 51% restante permaneció en manos del gobierno jamaiquino mediante la Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ).
- La alianza buscaba inyectar capital para modernizar, expandir y optimizar la capacidad de procesamiento de la única refinería de la isla.
Incumplimientos, sanciones y la expropiación
Con el paso del tiempo, la relación bilateral se deterioró debido a dos factores clave:
- Falta de inversión: Durante la década posterior al acuerdo, las inversiones comprometidas por la parte venezolana no se concretaron.
- Sanciones de EE.UU.: Las restricciones financieras impuestas por Washington a PDVSA obstaculizaron severamente sus operaciones comerciales, el suministro de crudo y sus transacciones bancarias.
Argumentando que las sanciones y la falta de inversiones ponían en riesgo la seguridad energética de la isla, el Parlamento de Jamaica aprobó en febrero de 2019 una ley de adquisición obligatoria. Mediante este mecanismo legal, el gobierno jamaiquino expropió el 49% de las acciones de PDVSA, asumiendo el control total de la planta.
El nudo financiero y el reclamo actual
En el momento de la expropiación, las autoridades de Jamaica señalaron que el valor nominal de las acciones se depositaría en una cuenta en garantía (escrow), alegando que las sanciones estadounidenses impedían la transferencia directa a Venezuela.
Sin embargo, Venezuela jamás renunció a sus derechos sobre el activo. La demanda actual busca una compensación integral que abarca:
- El valor real de mercado de las instalaciones.
- El pago de dividendos vencidos.
- Una compensación total que el Ministerio de Petróleo de Venezuela estimó en su momento cercana a los 250 millones de dólares.
Al acudir a la CCI —uno de los tribunales de arbitraje comercial más relevantes del mundo—, PDVSA busca obtener un laudo vinculante que obligue a destrabar y liquidar los fondos adeudados.
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