La decisión del Ejecutivo de denunciar el Estatuto de Roma no tendrá ningún efecto legal sobre la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así lo afirmó el abogado constitucionalista Perkins Rocha, quien calificó la medida como un intento inconstitucional e inviable por evadir la justicia internacional.
En entrevista con el periodista Napoleón Bravo, el jurista sostuvo que el intento de desvincularse de la jurisdicción de La Haya ocurre de forma extemporánea, cuando el proceso penal ya se encuentra formalmente abierto.
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“Significa que el sujeto sub iudice, es decir, quien está siendo encausado, después de varios años intentando defenderse, ahora niega la naturaleza jurídica del tribunal. Es como si una persona en pleno juicio pretendiera desconocer al juez para apartarse del proceso”, explicó Rocha, al tiempo que advirtió que una acción de esa índole sienta un «terrible precedente».
Progresividad constitucional e irreversibilidad
El especialista enfatizó que la propia Carta Magna venezolana impide que las autoridades desconozcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos una vez ratificados por el Estado.
Según detalló Rocha, el ordenamiento jurídico venezolano ampara el concepto de progresividad, el cual establece que las garantías de protección ciudadana no pueden ser revocadas por conveniencia del gobierno de turno.
“Aunque te apartes como autoridad, los compromisos te persiguen porque forman parte del acervo humanitario. Algo que te beneficia como ser humano no puede venir otro a quitártelo, por más autoridad que tenga. Una vez incorporado al orden jurídico, no hay manera de retirarlo”, aseveró.
Rocha recordó además que el expediente en La Haya no solo responde a denuncias de la sociedad civil venezolana, sino que cuenta con el respaldo originario de seis Estados —Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— cuyos cancilleres acudieron formalmente a la CPI en 2018.
Advertencia sobre la nulidad de pactos comerciales
En relación con el panorama político nacional, el jurista afirmó que ante un eventual restablecimiento institucional y la elección de autoridades legítimas, las medidas adoptadas por el actual gobierno serán declaradas nulas de pleno derecho.
Esta advertencia la extendió a los recientes acuerdos comerciales suscritos por el Ejecutivo, señalando que carecen de solidez jurídica por ser firmados por quienes, a su juicio, no ostentan la representación soberana del país.
“Cualquiera que quiera realizar un negocio o acuerdo con quien no representa la soberanía, estará jugando sobre un terreno muy uncertain. Lo que nació nulo será nulo, y quienes hoy están al frente de la administración no tienen la cualidad suficiente para representar a la nación”, concluyó.
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