Un nuevo esquema de deportación implementado por Estados Unidos está enviando a migrantes venezolanos y cubanos a África, una medida que amenaza con dejar a los afectados en una condición de vulnerabilidad extrema. Según advierte la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), la falta de documentos de identidad y de estatus legal en Liberia podría transformar una orden de expulsión en un confinamiento indefinido o en un retorno forzoso a Venezuela.
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El primer grupo de 20 personas arribó a Liberia el pasado 20 de agosto de 2026, amparado en un acuerdo bilateral que prevé el traslado de hasta 1,200 migrantes en un lapso de 12 meses. Sin embargo, defensores de derechos humanos señalan que esta política plantea serios riesgos legales e institucionales.
¿Por qué la deportación a Liberia genera un limbo migratorio?
El principal obstáculo que enfrentan los trasladados es la falta de documentación para movilizarse o regularizarse en el país africano:
Ausencia de representación consular: Venezuela no posee embajada ni consulado en Liberia. Un deportado que llegue con el pasaporte vencido —o sin él— no tiene vías para tramitar documentos biométricos ni renovar su identificación.
Invalidez de documentos locales: La cédula de identidad venezolana, las órdenes de deportación emitidas por EE.UU. (ICE) o las copias simples no son reconocidas en África para abordar vuelos internacionales ni para transitar por terceros países.
Imposibilidad de salir del país: Aunque el gobierno liberiano sostiene que los migrantes pueden solicitar asilo o abandonar su territorio, esto es inviable en la práctica sin un pasaporte vigente, visados de entrada a otro destino y recursos económicos.
El riesgo de la «devolución en cadena»
El informe de VEPPEX subraya que Liberia corre el riesgo de operar como una simple escala previa a la repatriación forzada a Venezuela, un fenómeno conocido en el derecho internacional como devolución indirecta o en cadena.
Cuando una persona queda imposibilitada de trabajar legalmente, carece de estatus migratorio y no cuenta con red de apoyo, la indigencia, la detención o la presión institucional pueden forzarla a aceptar un regreso «voluntario» al país del que huyó.
«Una transferencia que termina forzando a la persona a regresar al lugar donde enfrenta persecución o tortura vulnera las protecciones internacionales. Las garantías diplomáticas generales no sustituyen una evaluación individual ni un mecanismo independiente que impida el retorno posterior a Venezuela«, señala el informe de VEPPEX.
Esta situación es crítica para aquellos migrantes que contaban en EE.UU. con figuras de protección como la suspensión de remoción (withholding of removal) o el amparo bajo la Convención contra la Tortura (CAT).
Lo que exigen las organizaciones de derechos humanos
Para evitar que estos traslados se traduzcan en un «destierro indefinido», las organizaciones señalan que cualquier acuerdo de esta índole debe definir explícitamente:
- Identificación: Qué organismo proporcionará documentos de viaje a quienes no obtengan asilo.
- Derechos laborales y de estancia: Cuánto tiempo durará el permiso de admisión y si tendrán derecho a un empleo formal.
- Garantías de protección: Qué mecanismos legales tendrán los afectados para defenderse frente a una eventual detención o expulsión hacia su país de origen.
Sin estas garantías, advierten los expertos, la deportación a un tercer país no resuelve el problema migratorio, sino que traslada a las personas a un escenario de indefensión jurídica y personal.
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