El Juzgado Cuarto de Control con competencia en casos vinculados con terrorismo decretó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra el periodista y activista de derechos humanos Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público.
La resolución extingue por completo los cargos de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, legitimación de capitales, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.
La decisión pone fin a una medida cautelar y a un proceso judicial que se extendió durante más de 20 meses, periodo en el cual defensores de derechos humanos y gremios periodísticos denunciaron falta de debido proceso y acceso restringido al expediente oficial.
Es de recordar que el pasado 7 de enero de 2025, en la víspera de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro, Correa fue interceptado en el centro de Caracas por hombres encapuchados y vestidos de negro. Durante varios días su paradero fue desconocido, situación calificada por ONG internacionales como desaparición forzada, hasta que se confirmó su reclusión en el centro de detención de El Helicoide.
Tras nueve días de detención, el 16 de enero de 2025 fue excarcelado bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país, condiciones cautelares que limitaron su labor profesional hasta el presente sobreseimiento.
Perfil y trayectoria profesional
Carlos Correa es una de las figuras más representativas en el monitoreo de la libertad de información en América Latina. Egresó de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor universitario.
Desde 2002, fundó Espacio Público, orientada a la defensa de la libertad de expresión, la documentación de agresiones a periodistas y la promoción del acceso a la información pública en Venezuela.
Ha sido ponente en reiteradas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2026 figuró como uno de los finalistas para asumir la titularidad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de dicho organismo.
Reacciones e impacto en el gremio periodístico
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la organización IPYS Venezuela valoraron la resolución como un avance indispensable, reiterando que la labor informativa y la defensa de los derechos fundamentales no constituyen un delito.
No obstante, los gremios advirtieron que la situación de la libertad de prensa en el país continúa en alerta, por lo que exigieron el levantamiento de las medidas restrictivas y el cierre definitivo de las causas judiciales que aún afectan a otros comunicadores, entre ellos Rory Branker, Ismael Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Jonathan Carrillo y Luis Eduardo López Torres.
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