La directiva de la ONG Foro Penal se reunió con Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional electa en 2015 e integrante de la delegación negociadora frente al gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El encuentro tuvo como objetivo central abordar la situación de los presos políticos y exigir una transformación integral del sistema de justicia en Venezuela.
Durante la reunión, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, presidente y vicepresidente de Foro Penal respectivamente, enfatizaron que cualquier proceso de reconstrucción institucional debe garantizar la independencia del sistema de justicia. Precisaron que esta reforma debe ser integral e incluir al Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas policiales, los cuerpos de seguridad y el sistema penitenciario.
“Sin una reconstrucción urgente y completa del sistema de justicia, será imposible garantizar las libertades, la seguridad jurídica para las inversiones y el respeto a los derechos humanos”, afirmó Romero, quien subrayó además que este proceso requiere un “cambio político genuino”.
Actualización de cifras y exigencia de liberación total
En el marco del encuentro, la organización entregó a Figuera su informe más reciente, el cual contabiliza 344 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país:
- Por género: 330 hombres y 14 mujeres.
- Por estatus: 200 civiles y 144 militares.
- Situación procesal: 191 personas continúan sin condena y 153 ya han sido sentenciadas.
Foro Penal insistió en que la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente debe ser una prioridad absoluta en la mesa de negociación. Asimismo, la ONG advirtió que las excarcelaciones parciales no resuelven el problema de fondo si persisten las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales carentes de garantías.
Por su parte, Figuera respaldó la urgencia de estas medidas y defendió la negociación como una herramienta para lograr el restablecimiento de la justicia. “No es que salgan unos pocos, deben salir todos”, enfatizó la dirigente tras recordar un encuentro previo con activistas y familiares de las víctimas.
Ambas partes acordaron mantener un canal de comunicación continuo para monitorear el estado de los detenidos y coordinar acciones orientadas a restablecer un sistema judicial independiente, transparente y garante de los derechos humanos.
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