Una familia de cinco integrantes en Venezuela necesitó 755,36 dólares durante el mes de agosto únicamente para cubrir sus gastos de alimentación. La cifra representa un incremento del 3,77 % en comparación con julio, cuando la cesta básica se ubicó en 727,89 dólares, según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
El reporte destaca la brecha crítica entre el costo de la vida y el ingreso legal. El salario mínimo mensual —congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022— se ha reducido a centavos de dólar a la tasa oficial y apenas alcanza para cubrir el 0,02 % de la canasta alimentaria básica, integrada por 60 productos esencial.
Esta realidad contraviene la Constitución venezolana, la cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y garantizar las necesidades básicas de su hogar.
Para paliar la pérdida del poder adquisitivo, el Ejecutivo nacional ha centrado su política salarial en el otorgamiento de bonificaciones que suman alrededor de 240 dólares mensuales (pagados en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela). No obstante, estos bonos no se toman en cuenta para el cálculo de prestaciones ni beneficios laborales.
Ante este panorama, sindicatos de educadores, gremios laborales y organizaciones civiles mantienen sus movilizaciones en las calles para exigir un ajuste urgente al salario mínimo legal, sobre el cual se estructuran las escalas sueldos del sector público.
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