La Defensoría del Pueblo y representantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvieron una reunión para abordar la situación de los derechos humanos en el país y evaluar posibles mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro, la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, recibió al coordinador general de Provea, Óscar Murillo, y al coordinador de exigibilidad, Marino Alvarado, quienes entregaron una serie de planteamientos e informes sobre la realidad nacional. Entre los temas expuestos, la organización hizo especial énfasis en las condiciones de las poblaciones indígenas en las zonas fronterizas y manifestó su disposición de aportar experiencia técnica en áreas clave.
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Al respecto, González Lobato destacó la importancia de mantener canales directos con la sociedad civil. «Las instituciones deben mantener vías de diálogo con distintos sectores, incluso cuando existan diferencias en la valoración de determinados asuntos. También necesitan escuchar, contrastar información y fortalecer sus capacidades», afirmó, al tiempo que subrayó que la labor defensorial debe orientarse a generar respuestas concretas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Por su parte, la Defensoría indicó que evaluará los puntos presentados en el marco de sus competencias constitucionales y acordó con Provea mantener vías de comunicación continuas para dar seguimiento a los casos y diagnósticos expuestos.
Según el organismo, este encuentro forma parte de un ciclo de reuniones que ha incluido a organizaciones nacionales e internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), agencias de las Naciones Unidas, Cecodap, Redhnna y Acción Solidaria.
Finalmente, la institución reiteró que estos espacios buscan contrastar diagnósticos e identificar áreas de intervención para la protección de garantías constitucionales, asegurando que continuará promoviendo la interlocución con diversos actores sociales sin comprometer su autonomía ni sus canales de coordinación con los demás poderes del Estado.
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