Las organizaciones Alianza Venezolana por la Salud (AVS), el Cendes-UCV, CIAAL-ULA, la Fundación Bengoa, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y el Grupo Social Cesap, emitieron un pronunciamiento conjunto para denunciar la grave crisis de seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela y alertar sobre las distorsiones en las estadísticas oficiales y multilaterales, defendidas por Delcy Rodríguez en la reciente cumbre de la FAO en Roma.
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En el comunicado, estas iniciativas dedicadas a defender el derecho a la alimentación y la calidad nutricional de la población venezolana destacaron que para julio de 2026 el costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) alcanzó los $ 727,94, mientras que el salario mínimo legal sigue siendo inferior a un dólar y el ingreso integral con bonificaciones llega escasamente a $ 240.
Esta enorme brecha, apuntan, imposibilita al 80% de los hogares adquirir una dieta saludable, afectando a más de 8 millones de personas en inseguridad alimentaria.
Igualmente alertaron sobre los niveles catastróficos de desnutrición aguda infantil que alcanzan entre el 18% y 24% en estados como Sucre, Zulia, Portuguesa y Carabobo, y un 17% en lactantes menores de 6 meses.
Asimismo, exhortaron a la FAO a revisar la metodología del indicador de Disponibilidad para Consumo Humano (DCH) del reporte SOFI 2026, señalando que los promedios nacionales abstractos ocultan la extrema pobreza y la desigualdad real.
Entre las peticiones que expusieron, las organizaciones suscriptoras solicitaron a la comunidad internacional:
1) Garantizar la asistencia humanitaria neutral a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
2) Exigir transparencia y auditoría independiente del Sistema Estadístico Nacional y
3) Financiar un plan descentralizado de recuperación agroalimentaria y nutricional
Al igual que estas instancias, previamente la reconocida socióloga y experta nutricional Susana Rafalli había denunciando que al contrario de lo que expuso la encargada del Ejecutivo venezolano en este evento mundial, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) si se usaron como herramienta de control político y social en Venezuela.
Rafalli señaló, en su cuenta de la red social X, que los mapas de planificación comunitaria para la entrega de alimentos utilizaron criterios electorales. A su juicio, no priorizaban la vulnerabilidad nutricional de la población.
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