Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron este miércoles a las autoridades venezolanas a levantar las restricciones digitales que aún persisten sobre medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y diversos servicios en línea. Asimismo, urgieron al Estado a adoptar medidas definitivas para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión.
Según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), aunque se valoran los avances recientes en la reactivación de algunas páginas y plataformas, todavía se mantienen bloqueos totales y parciales que vulneran el acceso a la información y el derecho a las comunicaciones seguras.
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«El reciente desbloqueo de portales es un paso en la dirección correcta, pero debe extenderse a todos los sitios bloqueados indebidamente e implementarse por parte de todos los proveedores de servicios de Internet», señalaron los expertos.
Los representantes de la ONU advirtieron que estas medidas no solo limitan la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos, sino que obstaculizan gravemente la labor periodística y el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Bloqueos digitales arbitrarios
El reporte señala que proveedores de telecomunicaciones —entre ellos Cantv, Digitel, Movistar Venezuela, Inter, Net Uno, Airtek y G-Network— han mantenido bloqueados durante años portales de noticias, páginas de ONG, redes sociales, servicios de mensajería y redes privadas virtuales (VPN). Se presume que estas medidas se aplicaron a petición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Aunque la restricción sobre la red social X se levantó tras los sismos de junio de 2026 y en septiembre se restableció el acceso a varias plataformas, persisten las trabas para diversos medios nacionales e internacionales y herramientas de privacidad. Los expertos expresaron además su preocupación por la falta de transparencia sobre el fundamento legal de estas decisiones y la ausencia de mecanismos claros para impugnarlas.
Por ello, instaron a las autoridades venezolanas a adecuar sus actuaciones a los estándares internacionales de derechos humanos para evitar la repetición de censuras digitales arbitrarias.
Responsabilidad de las telecomunicaciones
El comunicado recordó que las empresas operadoras tienen la obligación independiente de respetar los derechos humanos. De igual forma, remarcaron que el Estado venezolano debe asegurar que las instrucciones emitidas a estas compañías no deriven en violaciones a las garantías fundamentales.
En el caso de la estatal Cantv, precisaron que debe regirse estrictamente por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Petición sobre la Ley contra el Odio
Por otro lado, los expertos acogieron con satisfacción el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la propuesta de modificar las disposiciones penales de la Ley contra el Odio. Sin embargo, recordaron que organismos internacionales han advertido reiteradamente sobre cómo esta norma ha sido utilizada desde 2017 para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia pacífica.
«La reforma de la Ley contra el Odio debe alinearse con los estándares internacionales y asegurar el ejercicio pleno de la libertad de expresión», destacaron.
Finalmente, la ONU valoró los avances en los procesos penales contra comunicadores, destacando tres casos recientes que culminaron en sentencias absolutorias, e instó a aplicar el mismo criterio en los expedientes pendientes. La Oficina del Alto Comisionado confirmó que mantiene canales de diálogo abiertos con el Gobierno para hacer seguimiento a estos puntos.
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