La Policía Nacional de Paraguay confirmó la orden de arresto domiciliario contra el expresidente Santiago Peña en su residencia de Asunción, pocas horas después de que el Congreso Nacional aprobara su destitución mediante un juicio político.
Representantes de la fuerza policial informaron que el exmandatario fue notificado formalmente del mandato judicial. La instrucción dispone la custodia de Peña en su vivienda hasta su comparecencia ante la sede de la fiscalía anticorrupción para el inicio de las actuaciones penales.
La destitución del jefe de Estado se produjo tras la intervención del Banco Central del Paraguay a la entidad Ueno Bank, debido al incumplimiento de los niveles mínimos de solvencia requeridos por la regulación financiera nacional.
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La medida paralizó las operaciones del banco y afectó el acceso a los depósitos de los ahorristas y del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo administrador de las pensiones y la seguridad social del país.
El Senado votó la destitución de Peña por mal desempeño en sus funciones con 44 votos a favor y una ausencia. Con este fallo, Peña se convirtió en el segundo presidente en la historia paraguaya en ser removido del cargo mediante juicio político, tras el antecedente de Fernando Lugo en 2012.
Posteriormente, el vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento ante el Poder Legislativo para asumir la Presidencia de la República. Alliana ejercerá el cargo hasta la conclusión del período constitucional en agosto de 2028.
El proceso parlamentario inició el jueves con la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados. Previamente, el Congreso convocó a una sesión conjunta para evaluar la renuncia presentada por Peña; sin embargo, la bancada del Partido Colorado se retiró del recinto para dejar la sesión sin quórum e impedir la votación de la dimisión. Esto permitió dar curso a la remoción vía juicio político, desestimando la renuncia que habría otorgado a Peña la condición de senador vitalicio.
A través de un comunicado público, Peña manifestó que la presentación de su renuncia previa buscaba devolver la estabilidad institucional al país y evitar mayor confrontación política.
La causa penal iniciada por la Fiscalía examina presuntos conflictos de intereses atribuibles a Peña por su condición de accionista en la entidad financiera hasta el año 2025. Asimismo, el expediente contempla denuncias por supuesta injerencia en la colocación de fondos del IPS en dicho banco, presunto beneficio patrimonial indebido e irregularidades en nombramientos del sector público.
Fiscalía ordenó la detención de Santiago Peña y Carlos Carvallo https://t.co/F5OFPubnS0 https://t.co/bLyqcwjU0s
— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 6, 2026
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