El sector eléctrico venezolano se encamina hacia un cambio profundo en su modelo económico. La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional esta semana, abre las puertas a la participación privada en un área que durante décadas permaneció bajo monopolio estatal y plantea una nueva estructura para financiar el servicio.
El viraje llega tras varios años de ajustes silenciosos en las facturas. Aunque los montos siguen siendo bajos en comparación con la región, responden a una reducción progresiva de los subsidios públicos iniciada en 2020 y ocurren en medio de una crisis de generación, transmisión y distribución que aún golpea a buena parte del país.
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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó que las tarifas estarán indexadas al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente corresponde al euro. Asimismo, aseguró que se mantendrá un régimen de subsidios para los usuarios sin ingresos suficientes para cubrir el costo pleno.
El anuncio introduce una nueva variable en el presupuesto de hogares y empresas, aunque todavía no define el precio final del servicio. La metodología de cálculo, los criterios para asignar subsidios y las reglas para los operadores privados quedarán sujetos a la reglamentación de la ley.
De un servicio subsidiado a los ajustes progresivos
La revisión de los costos no comenzó con esta reforma. En 2020, el Gobierno de Nicolás Maduro empezó a revertir décadas de subsidios generalizados que habían mantenido tarifas simbólicas. El giro se hizo evidente en 2022, cuando Bloomberg documentó alzas de hasta 100 veces en facturas empresariales, como el caso de una finca arrocera de 80 hectáreas en Portuguesa cuyo recibo escaló a US$5.000 mensuales en enero de ese año.
Para entonces, Venezuela conservaba una de las tarifas más baratas del continente: alrededor de un centavo de dólar por kilovatio hora, frente a los 11 centavos en Estados Unidos. Economistas del IESA estimaron que, en su punto máximo en 2014, los subsidios a los servicios públicos llegaron a costarle al Estado US$25.000 millones anuales.
Desde entonces, el recorte de subsidios avanzó sin un esquema transparente que permitiera a los usuarios auditar sus cobros.
En enero de 2024, el gerente de Comercialización de Corpoelec, Alejandro Quevedis, divulgó tarifas referenciales para usuarios registrados: US$1,16 (residencial social), US$2,17 (residencial general) y US$4,34 (alto consumo). Para los no registrados, los montos subían a US$5,56, US$27,82 y US$100, respectivamente.
Aunque esas cifras muestran la estructura previa, ya no reflejan la realidad de noviembre de 2026. En diciembre de 2024, usuarios de varios estados reportaron alzas superiores al 200% —con recibos que saltaron de Bs.430 a más de Bs.1.400— sin explicación oficial.
El impacto ha sido aún más severo en el sector productivo. En junio de 2026, reportes locales documentaron incrementos de entre 400% y 750% en comercios e industrias durante los 12 meses previos. Un despacho contable en Miranda pasó de pagar Bs. 1.135 a Bs. 9.690 mensuales (un alza de 753%), mientras que en Maracaibo una imprenta vio quintuplicar su factura: de Bs. 4.932,53 en mayo de 2025 a Bs. 23.802,61 un año después.
La paradoja de estos incrementos es que no se han traducido en un mejor servicio. Comercios e industrias siguen lidiando con apagones, fluctuaciones de voltaje y la obligación de costear plantas eléctricas propias para no paralizar sus operaciones.
¿Cuánto paga hoy un hogar por la electricidad?
Ante la falta de un tabulador nacional público y actualizado, los recibos individuales son la única vía para medir la evolución de los cobros residenciales.
Una factura de un apartamento consultada para este reporte registra un cobro de Bs. 2.862,53. Calculado a una tasa oficial cercana a Bs.901 por dólar, el monto equivale a unos US$3,18. Si bien se trata de un caso puntual y no de un promedio nacional, evidencia un incremento superior al 46% respecto a los US$2,17 que Corpoelec manejaba como referencia general a principios de 2024.
Un sistema que exige hasta US$40.000 millones
El debate tarifario está atado al deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a la urgencia de captar capital para estabilizarlo. Tras años de desinversión, el parque termoeléctrico y las redes de distribución operan con severas restricciones, lo que impide aprovechar plenamente la capacidad hidroeléctrica del sur del país. La brecha quedó expuesta en mayo de 2026, cuando la demanda alcanzó los 15.579 megavatios (MW) frente a una generación máxima de Corpoelec de apenas 13.000 MW.
Firmas como Siemens Energy y General Electric, junto con la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), estiman que rehabilitar el sistema tomará entre cinco y 15 años y requerirá inversiones de entre US$15.000 millones y US$40.000 millones.
Para sumar 7.400 MW a mediano plazo, el Ejecutivo firmó acuerdos con IMPSA y General Electric Vernova. El memorando con esta última, suscrito en junio, proyecta recuperar 1.000 MW en dos años y más de 5.000 MW en cuatro. Sin embargo, el proyecto enfrenta cuellos de botella financieros: el CEO de GE Vernova, Scott Strazik, declaró a Bloomberg Línea el 28 de octubre que, aunque la ingeniería está lista y los contratistas seleccionados, las obras no arrancarán hasta que Venezuela realice el primer desembolso.
Qué cambia con la apertura al capital privado
La nueva ley permite que empresas privadas participen en la generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica mediante licencias, habilitaciones y concesiones de hasta 25 años. Asimismo, autoriza a las generadoras a vender energía directamente a grandes consumidores —como industrias y centros comerciales— a través de contratos bilaterales, rompiendo el monopolio comercial de Corpoelec.
No obstante, el Estado conservará el control estratégico sobre las grandes centrales hidroeléctricas, las redes troncales de transmisión, el despacho de carga y la regulación del sector.
Para atraer capital, la norma incorpora garantías clave para los inversionistas: asegura la posibilidad de recuperar el capital con una rentabilidad razonable y abre la puerta a resolver disputas mediante mediación y arbitraje, además de los tribunales locales. El objetivo es suplir con fondos privados las limitaciones del presupuesto público.
¿Quién fijará las tarifas y cómo se calcularán?
El nuevo marco establece que los precios deben cubrir los costos eficientes de operación e inversión y garantizar un margen de ganancia razonable. Para supervisar este equilibrio, se creará la Superintendencia del Sistema Eléctrico, ente encargado de regular y administrar el régimen tarifario.
Esto implica que los operadores privados no podrán fijar precios unilateralmente en el mercado general. Sin embargo, la ley sí libera de controles tarifarios previos los contratos bilaterales negociados directamente entre generadores y grandes consumidores. El resultado será un sistema híbrido: tarifas reguladas para el público general y precios de libre negociación para el sector corporativo e industrial.
Subsidios focalizados y el peso sobre las empresas
La reforma abandona el modelo de subsidios universales para migrar hacia uno focalizado según la capacidad de pago. Según explicó Jorge Rodríguez, el financiamiento para proteger a los hogares de bajos recursos provendrá de un esquema de subsidios cruzados costeado por los sectores comercial, industrial y de servicios.
Para el sector privado, el reto será doble: absorber tarifas que reflejen el costo real del sistema y seguir costeando la autogeneración mientras se estabiliza la red. En mayo de 2026, la presidenta de Conseturismo, Vicky Herrera de Díaz, advirtió que la electricidad representa entre 4% y 8% de los costos operativos de hoteles y posadas, pero sube hasta 15% al sumar el combustible y mantenimiento de plantas eléctricas, un recurso del que depende al menos 60% del sector turístico.
Con esta ley, Venezuela apuesta a transformar la electricidad de un servicio altamente subsidiado e insostenible a un negocio capaz de autofinanciarse, atraer capital extranjero y superar décadas de rezago operativo.
Con información bloomberglinea
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