El agravamiento de los apagones en toda Venezuela está avivando el malestar social y aumentando la presión, cuando crecen los reclamos para convocar a elecciones democráticas.
Un análisis de imágenes satelitales realizado por Bloomberg News revela que los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo figuran entre las regiones más golpeadas. Quince de las veinte ciudades venezolanas donde más disminuyó la iluminación nocturna este año se ubican en estas tres entidades, a unos 640 kilómetros al oeste de Caracas, donde calles, hogares y comercios quedan sumidos en la oscuridad tras la puesta del sol.
Esta crisis energética se ha convertido en un flanco político crítico para el Ejecutivo. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el país registró más de 1.000 protestas en septiembre, casi seis veces la cifra del mismo mes del año anterior. Cerca de la mitad estuvieron vinculadas a los cortes de electricidad, que se consolidaron como el principal detonante de las manifestaciones.
La vida cotidiana convertida en una lotería
En el estado Mérida, los cortes prolongados ocurren en intervalos impredecibles que alteran por completo la rutina diaria. Debido a que el bombeo de agua depende de la red eléctrica, los grifos suelen secarse cada vez que se interrumpe el servicio. Cuando la energía regresa, los habitantes se apresuran a ducharse y cargar sus teléfonos mientras cruzan los dedos para que los alimentos refrigerados no se descompongan. En las escuelas, las aulas quedan a oscuras con tal frecuencia que los niños simplemente anuncian “se fue la luz” y esperan en silencio a que se reanuden las clases.
En Cordero, una pequeña localidad a las afueras de San Cristóbal (Táchira), el comerciante Manuel García, de 68 años, tuvo que cubrir con hielo los lácteos y la carne de su tienda para evitar que se echaran a perder durante un apagón de 72 horas en octubre. Incluso en los días en que el servicio retorna, la luz puede fallar hasta siete veces en una misma jornada, paralizando los pagos con tarjetas de débito y billeteras móviles.
Adquirir un generador eléctrico —cuyo precio oscila entre los US$1.200 y los US$4.000— resulta inalcanzable para García y para la gran mayoría de los venezolanos, cuyos ingresos y ahorros han sido pulverizados por años de alta inflación. Como alternativa, recurre a lámparas recargables que apenas ofrecen un par de horas de iluminación básica para su vivienda.
Una red al límite y una desigualdad marcada
Venezuela intenta reactivar su economía y su industria petrolera apoyándose en una infraestructura eléctrica debilitada por décadas de desinversión y falta de mantenimiento, una situación que se agravó tras los daños provocados por dos terremotos en junio. Con el repunte de la actividad económica y las altas temperaturas secas asociadas al fenómeno de El Niño, la red enfrenta una exigencia extrema: en mayo, la demanda alcanzó su pico más alto en nueve años.
Reconstruir el sistema por completo requeriría una inversión cercana a los US$50.000 millones a lo largo de seis años, estima Miguel Lara, exdirector de la red eléctrica nacional y actual asesor de empresas energéticas extranjeras. Según explica, el costo proyectado ha ido en aumento debido al deterioro progresivo de los equipos y al encarecimiento de los componentes.
Aunque Caracas se mantiene en gran medida al margen de los peores racionamientos, el problema desborda la región andina. Una encuesta nacional de la firma Meganálisis realizada a finales de septiembre indicó que el 87% de los venezolanos sufre cortes eléctricos al menos cuatro días a la semana, y casi cuatro de cada cinco reportaron interrupciones superiores a las tres horas.
Una disparidad geográfica similar se ha documentado en Cuba, donde imágenes satelitales de principios de este año mostraron que La Habana conservaba una iluminación relativamente estable mientras ciudades provinciales como Santiago de Cuba y Holguín se oscurecían progresivamente.
Tensión política y riesgo de contagio social
El descontento por los servicios públicos cobra mayor relevancia política tras el regreso del exilio de la líder opositora María Corina Machado. Nicholas Watson, analista de la consultora Teneo, sostiene que la frustración ciudadana ante un Estado disfuncional ofrece un terreno fértil para el discurso de cambio institucional de Machado, desafiando los intentos de Rodríguez por proyectar estabilidad ante las presiones para celebrar comicios en 2027.
En estados como Cojedes, Guárico y Carabobo, los vecinos han bloqueado carreteras y quemado neumáticos tras cortes prolongados. Aunque hasta ahora las protestas han sido focalizadas, el politólogo Oswaldo Ramírez Colina advierte que podrían escalar si las comunidades afectadas comienzan a articularse: “Puedes tener un efecto contagio en tanto y cuanto las comunidades cercanas que sigan teniendo apagones se organicen y salgan a protestar”.
Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desestimó las manifestaciones calificándolas como acciones de una minoría con fines políticos. “Yo no he visto que quemar caucho incorpore siquiera 10 megavatios al sistema eléctrico nacional”, declaró.
La apuesta por el capital privado
Pese a su postura frente a las protestas, el Gobierno ha reconocido la magnitud del déficit y ha prometido medidas de alivio. Rodríguez informó que los sismos de junio dejaron fuera de servicio unos 800 megavatios —de los cuales ya se han recuperado 600— y se comprometió a restablecer el resto, junto con generación térmica adicional en la región central, antes de fin de año.
No obstante, el daño sísmico es solo la punta del iceberg. Especialistas calculan que unos 6.000 megavatios de la capacidad instalada del país pertenecen a plantas tan deterioradas que resultan irrecuperables, mientras que otros 25.000 megavatios podrían rescatarse con inversión.
Para lograrlo, el Ejecutivo busca atraer capital privado. El martes, el Legislativo aprobó una reforma a la ley eléctrica que abre las puertas a la participación empresarial en las áreas de generación, transmisión y distribución. Paralelamente, se han firmado acuerdos con firmas como GE Vernova Inc. e Impsa SA para rehabilitar centrales.
Sin embargo, la ejecución avanza a ritmo desigual. El director ejecutivo de GE Vernova, Scott Strazik, indicó que a finales de octubre la compañía seguía a la espera de recibir los pagos acordados antes de iniciar los trabajos de reparación en centrales térmicas, hidroeléctricas y subestaciones.
A corto plazo, una de las principales apuestas es Planta Centro, un vasto complejo termoeléctrico en Carabobo. Según fuentes familiarizadas con el proyecto, una de sus seis unidades se encuentra en fase de pruebas para reincorporar 600 megavatios a la red a principios de diciembre, tras largas reparaciones ejecutadas por la estatal China Machinery Engineering Corp. Asimismo, el Gobierno suscribió un contrato con la firma turca Karpowership para instalar dos barcazas generadoras en el lago de Maracaibo que aportarían otros 200 megavatios.
El impacto en la salud, la industria y el comercio
En Maracay (estado Aragua), la fisioterapeuta e instructora de Pilates Melissa Ríos, de 35 años, sortea diariamente la precariedad eléctrica entre sus tres lugares de trabajo: en uno utiliza un ventilador recargable para sus pacientes de rehabilitación cardíaca; en otro, un generador que apenas alcanza para las luces y la música; y en un estudio de Pilates trabaja únicamente con bombillas de emergencia. Ríos carga su teléfono donde encuentra corriente, mientras muchos pacientes optan por cancelar sus terapias antes que ejercitarse bajo un calor sofocante.
La crisis también golpea al sector petrolero. Pese a que una normativa reciente exige a las operadoras instalar sus propios sistemas de generación, la extracción de crudo sigue dependiendo fuertemente de la red nacional. Ante las fallas, empresas como Chevron Corp., Repsol S.A. y la estadounidense Blue Energy Partners Inc. han tenido que intervenir directamente en la reparación de la infraestructura eléctrica local para asegurar la continuidad de sus operaciones.
En el estado petrolero de Zulia, donde las temperaturas suelen rebasar los 40 °C, la falta de electricidad dicta los horarios de trabajo, el descanso y la asistencia escolar. Albalis Álvarez, una panadera de 38 años residente en el municipio San Francisco, relata que los cortes ocurren a diario durante seis o siete horas, y a veces dos veces al día. Tras noches en vela por el calor y los mosquitos, muchas veces decide no enviar a sus hijos a la escuela; en otras ocasiones, son los propios planteles los que despachan temprano a los alumnos por falta de ventilación.
“Cuando hay un día que no se va la luz, uno está peor porque vive estresado pensando: ‘¿A qué hora se va?’”, confiesa Álvarez. “Es una presión constante”.
Para sostener su emprendimiento de repostería casera, Álvarez invirtió sus ahorros en un generador portátil que le permite operar sus batidoras, pero la refrigeración sigue siendo su talón de Aquiles: una vitrina refrigerada que adquirió para ampliar su catálogo permanece prácticamente apagada. Cuando los cortes se extienden hasta la madrugada, ella y sus vecinos suelen colgar hamacas o sacar colchones a la calle en busca de algo de fresco para dormir.
En el centro de Maracaibo, Martín Villarroel, guardia de seguridad de un centro comercial, explica que el calor acumulado durante los apagones obliga a evacuar a los compradores, mientras el personal auxilia a los adultos mayores para bajar a oscuras por las escaleras de emergencia.
Para los pequeños comerciantes que no pueden costear una planta eléctrica, el desenlace suele ser definitivo. “Los que no tienen esa posibilidad, lamentablemente, con el tiempo se extinguen”, resume Villarroel. “No aguantan más y terminan cerrando sus negocios”.
Con información Bloomberg
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