Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, esposado y portando un chaleco antibalas, el expresidente de Paraguay, Santiago Peña ingresó este lunes a la cárcel militar de Viñas Cué. El exmandatario cumplirá allí su prisión preventiva mientras avanza la investigación por la quiebra e intervención de Ueno bank, entidad financiera con la que se le vincula.
El traslado, registrado por medios locales poco después de las 15:00 hora local, se produjo por orden del juez de garantías Osmar Legal. Hasta hoy, Peña permanecía recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, lugar al que fue llevado el pasado 6 de noviembre tras ser destituido de la Presidencia.
El detonante del traslado: denuncias de tratos preferenciales
La reubicación del exgobernante ocurre en medio de un escándalo por supuestas comodidades irregulares en su anterior centro de detención. La controversia estalló luego de que la emisora ABC Cardinal denunciara la instalación de máquinas y equipos de gimnasia para el uso del expresidente dentro del recinto castrense.
Ante la gravedad de las acusaciones, el actual mandatario, Pedro Alliana, instruyó al ministro de Defensa, Óscar González, para destituir de inmediato al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub —quien apenas había asumido el cargo el 20 de octubre— tras confirmar este la existencia de dichos equipos.
En su resolución dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, el juez Legal exigió el traslado inmediato a Viñas Cué, ordenando que Peña permanezca en libre comunicación, aislado del resto de la población penal —particularmente de otros implicados en el mismo expediente— y bajo estrictas medidas que resguarden su integridad física.
El colapso de Ueno bank y la caída de Peña
Santiago Peña fue despojado de su cargo el 6 de noviembre, luego de que el Senado paraguayo lo hallara culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político, precipitando su detención horas más tarde.
El origen de la crisis política y judicial radica en la crisis de solvencia de Ueno bank, entidad que entró en proceso de resolución por orden del Banco Central el pasado 3 de noviembre. La institución bancaria, que contaba con más de 2,94 millones de clientes, administraba millonarios recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuatro cajas de jubilaciones y diversas entidades estatales. Por esta misma causa también guardan reclusión el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos de la firma financiera.
Con información EFE
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