Irrumpieron a la fuerza en el edificio ubicado en el centro de Caracas en la noche de un domingo en noviembre, rompiendo rejas y candados para ingresar a las oficinas. Sumaban unos 40 y entre ellos había mujeres y hasta niños, pero también hombres armados acostumbrados a hacer uso de la violencia para tomar lo que no les pertenece.
En los locales, perteneciendo en su mayoría a firma de abogados, habían objetos de valor. Pero éstos no eran el principal objetivo de los individuos. Lo que realmente querían – relataron las víctimas a el Nuevo Herald – era quedarse con todo el edificio y para ello contaban con el visto bueno de las autoridades locales.
Las invasiones de inmuebles ejecutados por grupos armados ligados al régimen de Nicolás Maduro se están tornando cada vez más comunes en Venezuela, con las organizaciones de paramilitares conocidas como Colectivos emprendiendo redadas tipo comando en medio de la noche para ocupar apartamentos o locales vacíos, dijeron activistas.
Y los colectivos, bandas delictivas que han jurado alianza al régimen a cambio de operar libremente en los territorios que ocupan, están utilizando la cuarentena decretada por el coronavirus para ejecutar las invasiones, relató el activista Carlos Julio Rojas.
“Las invasiones de propiedades casi son una política de Estado en Venezuela, pero durante la cuarentena se ha acrecentado. Con el tema del coronavirus hemos visto un aumento brutal en el número de invasiones a la propiedad privada”, dijo Rojas, cuya organización, Frente en Defensa del Norte de Caracas, ha recibió múltiples denuncias de este tipo de casos en los últimos meses.
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“Las invasiones ya no son solo hacia las viviendas desocupadas, sino ahora lo que estamos viendo es la invasión de locales comerciales e industriales”, agregó.
Nuevos ataques contra la propiedad privada
El régimen socialista de Caracas lleva años atentando contra la propiedad privada en Venezuela, expropiando indiscriminadamente negocios rentables que luego son asignados a adeptos del partido de gobierno, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), e introduciendo leyes que perjudican a las empresas y al capital privado.
En del sector inmobiliario, por ejemplo, la actual legislación facilita que los inquilinos se queden ocupando las viviendas sin pagar renta a los dueños.
Pero la victimización de los propietarios cobró un fuerte impulso el año pasado luego que los adeptos del chavismo agrupados bajo las denominadas “Comunas”, organizaciones vecinales controladas por el régimen que operan en sintonía con los colectivos, pasaron a realizar un censo en todo el país para ubicar las viviendas que quedaron vacías luego que más de cinco millones de venezolanos decidieran salir del país.
“El censo fue ejecutado por los colectivos, por miembros de las comunas y por miembros del Partido Único Socialista de Venezuela, que son los que son precisamente el mismo grupo que ha estado impulsado las invasiones”, explicó Rojas.
El censo le dio al chavismo una lista de los locales que se encuentran vacíos para poder invadir. Y ahora, la cuarentena impuesta por el régimen ha convertido a los locales comerciales en presa fácil para las invasiones al obligar a los comerciantes y compañías de servicios a suspender sus operaciones durante semanas enteras. “Es decir, pusieron a Zamuros (Zopilotes) a cuidar carne”, dijo Rojas.
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Los colectivos, utilizados con frecuencia por el régimen cuando quiere usar la violencia para intimidar opositores, ha sido acusada de cometer ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de esa humanidad por organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.
Apoyo de las autoridades chavistas
Frente en Defensa del Norte de Caracas ha recibido cerca de 40 denuncias de distintos intento de invasiones en los últimos meses de cuarentena.
Los invasores del edificio de oficinas en Caracas, de nombre Saverio Russo, contaban con el apoyo de las autoridades chavistas que controlan el municipio, dijeron las víctimas.
Brunilda Guevara, abogada que desde hace 30 años mantenía su oficina dentro del edificio, dijo que logró recuperar el acceso al local, pero para ello tuvo que demostrar ante la alcaldía que estaban todos los documentos en regla.
“No nos dieron explicaciones [del por qué permitieron la invasión]. Nos solicitaron que nos presentáramos nuestra documentación para que acreditáramos en base a que teníamos la propiedad, después nos solicitaron que presentarnos otros documentos y los llevamos”, dijo Guevara. Solo después de tres días fue que ordenaron a la policía municipal que desalojara a los invasores.
Los dueños de los 60 locales del edificio se preguntan qué hubiera pasado de no haber estado disponible alguno de los múltiples documentos que solicitaron y temen además que intenten de invadirlos de nuevo y están tomando medidas para resguardar las instalaciones.
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