El pasado 4 de diciembre de 2019, iniciamos lo que en teoría sería la fase de juzgamiento del diputado Juan Carlos Requesens Martínez y otros 16 acusados, por el hecho ocurrido en fecha 4 de agosto de 2018 y conocido como el “Magnicidio frustrado” en contra de Nicolás Maduro.
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Uno de los principios fundamentales del juicio en un proceso penal, es la publicidad, es decir, que este debe desarrollarse de manera pública y de no existir uno de los impedimentos, que taxativamente establece el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal para limitar total o parcialmente la publicidad del juicio, éste debe realizarse con la presencia del público que desee asistir y presenciarlo.
Por tal motivo, familiares, amigos, diputados, diplomáticos, representantes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y periodistas, se han apersonado al Palacio de Justicia con la intención de presenciar el juicio, pero la juez de la causa ha impedido el ingreso de ellos a la sala de audiencia, y sólo, de manera muy limitada, ha permitido el ingreso de la madre del diputado Requesens y de un solo familiar, de uno que otro acusado.
Por lo que, los abogados que conformamos el equipo de defensa del diputado Juan Requesens, así como los colegas que ejercen la defensa técnica de los otros acusados, hemos sido firmes en exigir a la juez el cumplimiento de este importante principio de Publicidad y, en consecuencia, se permita el acceso al público hasta ocupar el aforo de la sala.Exigencia que no ha sido cumplida por la juez de la causa, quien se ha dado a la tarea de ocupar los asientos con integrantes de grupos de “colectivos” y ahora, recientemente, con estudiantes de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), es decir, con público de utilería para no darle cabida a cualquier otra persona, y con ello evitar que salga a la luz pública la gran cantidad de mentiras y de violaciones a los derechos humanos que a través de torturas, se han cometido en contra de todos los acusados.
La publicidad de los juicios es la más oportuna garantía de su rectitud; es una garantía de justicia y de libertad. Pero en el presente caso, se viola este principio y se evita la publicidad porque no está presente ninguna de esas garantías. El sesgo, la parcialidad y el secretismo es lo que caracteriza a este “simulacro de juicio”.
No permiten el ingreso del público a la sala de audiencias porque la publicidad, constituye de cierta manera una prueba a la que implícitamente quedan sometidos todos los personajes que a cualquier título hubieren intervenido en el proceso. Quedarían al desnudo ante la opinión pública, porque se sabría cómo marcha nuestra pésima y parcializada administración de justicia, cuáles son sus fallas, su desconocimiento a la ley, y que no tiene como norte la verdad de los hechos y los postulados de justicia, sino que la “justicia” en Venezuela transita por los vedados caminos de la arbitrariedad.
El diputado Juan Requesens, se mantiene firme en sus convicciones, en su lucha por la libertad de Venezuela que es la libertad no sólo de él y los presos políticos, sino de todos los venezolanos que estamos en una especie de libertad condicionada. “Me niego a rendirme” es su grito de lucha.
Por @joelgarcia69
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