Al menos cinco personas fueron asesinadas y 442 detenidas en las manifestaciones durante la emergencia sanitaria en Venezuela, señaló el informe “La disciplina del miedo“, publicado por Provea.
En el documento la ONG denunció que durante la pandemia en el país se ha incrementado la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica.
En relación a las detenciones arbitrarias estas se resaltan “como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena“. El único estado donde no se registraron dichas detenciones fue en Amazonas.
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Los tres principales organismos responsables de detenciones arbitrarias fueron la Guardia Nacional Bolivariana (34 casos), las Fuerzas de Acciones Especiales (17) y la División General de Contrainteligencia Militar (17). Se registraron dos casos de detenciones realizadas en operaciones conjuntas entre la GNB y Colectivos.
El informe añadió que los primeros seis meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país.
La denuncia no deja atrás la demanda de servicios básicos, que hace más complejo el quedarse en casa como forma de prevención ante la COVID-19.
La grave crisis de servicios básicos, el retroceso de la capacidad adquisitiva y la escasez de gasolina ha convertido a las viviendas de los venezolanos en inseguras para cumplir a cabalidad las medidas de distanciamiento social. Debido a su impacto mediático, Caracas ha continuado siendo privilegiada, respecto al resto del país, en el acceso al servicio de electricidad, agua, gas doméstico y telefonía móvil, subrayó.
Con información de: El Carabobeño
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