El presidente haitiano Jovenel Moïse estaba a punto de dar nombres. En julio, antes de ser asesinado, el mandatario estuvo trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en Haití.
Según cuatro altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar ese documento, la intención de Moïse era entregar ese expediente al gobierno de Estados Unidos.
El presidente les ordenó que no perdonaran a nadie, ni siquiera a las poderosas personalidades que lo ayudaron a llegar al poder. Los funcionarios aseguran que la medida forma parte de una estrategia contra presuntos narcotraficantes y eso podría explicar el motivo del asesinato.
Cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia de Moïse y lo mataron en su habitación, su esposa, Martine Moïse —quien también recibió disparos y estuvo sangrando en el suelo, mientras fingía estar muerta— describió cómo los atacantes comenzaron a registrar la habitación, buscando apresuradamente sus archivos.
“Eso es”, dijeron antes de huir, según le contó Martine Moïse a The New York Times en la primera entrevista que concedió después del asesinato. La viuda del mandatario afirma que no sabe qué se llevaron los atacantes.
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Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen vieron que la oficina del presidente Moïse había sido saqueada, y encontraron papeles esparcidos por todas partes. En los interrogatorios, algunos de los sicarios capturados confesaron que recuperar la lista de Moïse, con los nombres de los presuntos narcotraficantes, era una prioridad, según tres altos funcionarios haitianos que conocen los detalles de la investigación.
El documento forma parte de una serie de enfrentamientos que Moïse tuvo con poderosas figuras políticas y empresariales, algunas sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas. Desde hace muchos años, Moïse conocía a varias de esas personas que se sintieron traicionadas por las medidas emprendidas contra ellas, según aseguran los colaboradores del mandatario.
En los meses previos a su asesinato, Moïse tomó medidas para limpiar el departamento de aduanas de Haití, nacionalizar un puerto marítimo con antecedentes de contrabando, destruir una pista de aterrizaje utilizada por narcotraficantes e investigar el lucrativo comercio de anguilas, que recientemente ha sido identificado como un mecanismo para blanquear capitales.
Una figura central en la lista de Moïse era Charles Saint-Rémy, conocido como Kiko, dijeron dos de los funcionarios haitianos que ayudaron a redactar el expediente. Durante mucho tiempo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) ha considerado a Saint-Rémy, un hombre de negocios haitiano, como sospechoso de tráfico de drogas. También es el cuñado del expresidente Michel Martelly, quien sacó a Moïse de la oscuridad política y lo eligió para que fuera su sucesor.
Martelly, quien está pensando en la posibilidad de volver a postularse para la presidencia, y Saint-Rémy fueron muy influyentes durante el gobierno de Moïse. Tenían voz en todo: desde quién conseguía los contratos públicos hasta qué ministros del gabinete eran nombrados, según funcionarios gubernamentales, tanto internos como externos. Pero, según dicen sus colaboradores, Moïse llegó a sentir que ellos y otros oligarcas estaban asfixiando su presidencia.
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Los funcionarios estadounidenses creen que los esfuerzos de Moïse para interrumpir el tráfico de drogas y desafiar a las familias poderosas podrían haber desencadenado su asesinato, y señalan que Saint-Rémy emergió como un posible sospechoso al principio de la investigación. Pero también advierten que Moïse amenazó a muchos miembros de la élite económica, incluidas varias personas con profundas conexiones delictivas.
Funcionarios estadounidenses dicen que la investigación sobre el asesinato de Moïse se ha estancado y, si no se resuelve, muchos haitianos temen que el caso se sumará a la gran impunidad que prevalece en el país, envalentonando aún más a las redes criminales que han capturado al Estado.
Desde hace mucho tiempo, los presuntos traficantes de drogas y armas han ocupado escaños en el Parlamento de Haití. Las avionetas con contrabando aterrizan con frecuencia en las pistas de aterrizaje clandestinas. Se ha sorprendido a agentes de policía haitianos ayudando a los traficantes de drogas, mientras los jueces son sobornados de manera regular para que archiven los casos.
Es posible que Haití sea la mayor ruta para las drogas que se envían hacia Estados Unidos, pero nadie lo sabe con certeza porque el país se ha vuelto muy difícil de monitorear. Los organismos de seguridad estadounidenses no pueden ejecutar un programa de escuchas telefónicas en el país, ni siquiera pueden colaborar plenamente con sus homólogos haitianos, porque la corrupción en la policía y el poder judicial es muy profunda, según dicen los funcionarios estadounidenses.
“Cualquiera que esté involucrado en el tráfico de drogas tiene, al menos, a un oficial de policía en su equipo”, dijo Compère Daniel, el comisionado de policía del Departamento Noroeste de Haití, un importante corredor para el tráfico de drogas.
“Es imposible conseguir que los agentes de policía cooperen conmigo en el campo”, dijo. “A veces ni siquiera responden mis llamadas”.
Las operaciones de la DEA en Haití también han sido objeto de escrutinio. Las críticas a la agencia se han agudizado porque al menos dos de los haitianos sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Moïse eran exinformantes de la DEA.
Con información de: The New York Times
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