No puede haber confianza para atraer inversiones a Venezuela, mientras exista un régimen de pisotea la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico existente en nuestro país.
Por Luis Hernández
La lamentable y crítica situación que se viene presentando con todos los jubilados y sobrevivientes de la Industria petrolera, petroquímica y carbonífera nacional PDVSA; nos lleva Indudablemente a pensar que se ha venido creando en Venezuela, una situación que obstaculiza el ejercicio pleno del Estado social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político al cual se refiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 5.
Esta contradicción entre lo que establece la Constitución y lo que hacen las instituciones del Estado, esta afectando la capacidad de lucha y las condiciones democráticas para la resolución de conflictos o del logro del cumplimiento de nuestros derechos humanos y beneficios laborales.
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Desde el 11 de noviembre de 2019, fué admitida en la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Caracas, la solicitud de restitución de los derechos vulnerados a todos los Jubilados y sobrevivientes de la Industria petrolera PDVSA. En este documento (DRJ-0062-2019) se solicitó:
- Dejar sin efecto la reforma estatutaria de APJ-PDV realizada en el año 2014, en la cual PDVSA se atribuye la propiedad del Fondo de Pensión de Jubilación,
- Se solicito APJ-PDV la entrega de los estados financieros auditados del Fondo de Pensión de Jubilación desde el año 2016 al 2021,
- Se solicitó el pago de los gananciales e intereses generados por los haberes de nuestra propiedad administrados por APJ-PDV a través del Fondo de Pensión de Jubilación,
- Se solicitó la restitución plena de los servicios médicos integrales y el suministro de medicamentos al cual se refieren la cláusula 42 del Contrato Colectivo de Trabajo.
Hasta hoy todos los jubilados y sobrevivientes estamos esperando que la Defensoría del Pueblo representada por el Dr. Ruiz Ángulo, ejerza sus atribuciones, pués ya ha pasado dos años y medio, y no se tiene pronunciamiento alguno que restituya y haga respetar nuestros derechos humanos y beneficios laborales arbitrariamente vulnerados por la Junta Directiva de PDVSA y APJ-PDV.
Hemos sido actores y testigos también, de la denuncia introducida ante la fiscalía 67 con competencia en materia de corrupción, donde se solicitó su debida actuación en el caso del Fondo de Pensión de Jubilación, y hasta ahora tampoco se tiene pronunciamiento alguno; aunado a lo anteriormente mencionado, se han realizado acciones de calle, y reuniones conciliatorias y de entendimientos con representantes de la Junta Directiva de PDVSA y APJ-PDV, sin tener alguna respuesta positiva a nuestras justas y légales peticiones.
Hoy, se han venido creando grupos a lo interno en el conglomerado de los jubilados petroleros, al parecer con sanas intenciones de buscar también respuestas a nuestros pedimentos, pero lamentablemente esto está creando fraccionamientos y divisiones estériles, que a la larga no nos conduciran a nada; analizando lo anteriormente dicho, considero oportuno unir esfuerzos, y fortalecer la institucionalidad de AJIP como gremio legalmente constituido y que nos representa legítimamente.
Ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado, que tienen la facultad de hacer respetar nuestros derechos humanos y beneficios laborales, debemos todos asumir en unidad nacional, un rol participativo y protagónico que nos acerque más y nos permita buscar la vía más expedita para lograr que nos restituyan los derechos y beneficios vulnerados por el régimen Castrocomunista que controla todas las instituciones del Estado en Venezuela, al igual que la Junta Directiva de PDVSA y APJ-PDV.
No puede haber confianza para atraer inversiones a nuestro país, cuando es evidente público, notorio y comunicacional, que el régimen pisotea el orden Constitucional, y todo el ordenamiento jurídico, al desconocer el derecho de los ancianos a tener un nivel de vida adecuado que le asegure, así mismo como a sus familiares, la salud, el bienestar, y un en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica oportuna y el suministro de medicamentos, y los servicios sociales para tener una vida digna.
- El régimen viola los derechos laborales adquiridos derivadas de disposiciones legales y contractuales.
- El régimen viola flagrante mente el derecho de propiedad, al negar a los jubilados petroleros el uso goce, disfrute y disposición de sus bienes, i sea de los haberes de su propiedad depositados en el Fondo de Pensión de Jubilación.
- El régimen viola el derecho de Irrenunciabilidad del salario y de las prestaciones sociales, y viola descaradamente los contratos colectivos de trabajo, imponiendo mediante resoluciones ministeriales violatoria de la Ley, modificaciones que desmejoran los derechos y beneficios laborales ya suscritos en los contratos colectivos.
Por Luis Hernández, Frente de Trabajadores Petroleros Rompiendo Cadenas
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