La justicia británica comenzó a examinar el miércoles en Londres si acepta decisiones del Tribunal Supremo venezolano en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas de oro que Venezuela tiene depositadas en el Banco de Inglaterra.
«No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano (…) sino solo sobre cinco decisiones», defendió en su alegato inicial Richard Lissack, abogado del gobierno bolivariano.
El Estado venezolano y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica, que ofrece este servicio a múltiples países.
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Lissack aseguró que se trata de «la mitad» de las reservas venezolanas en el extranjero.
En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países —entre ellos el Reino Unido—, nombró una dirección paralela del Banco Central de Venezuela (BCV).
Inmediatamente esa dirección paralela ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Guaidó era entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, pero sus nombramientos fue invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, leal a Maduro.
Tras haber decidido en diciembre, al término de dos años de batalla judicial, que la justicia británica reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó sin embargo analizar si la decisión judicial venezolana invalida sus nombramientos en la dirección del BCV.
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Si se da su control a la oposición, los fondos «se perderían para el pueblo venezolano», denunció el lunes Lissack ante la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes.
El abogado de Guaidó, Andrew Fulton, asegura que la oposición no tiene ninguna intención de desviar los fondos.
Ortega viajó a Londres para presenciar el juicio, tras obtener una «visa diplomática» que según Lissack refuerza su legitimidad como representante oficial del BCV.
Sin embargo, pese a estar presente en la sala el miércoles, no será interrogado por decisión de la magistrada, que en junio decidió limitar su participación a una declaración escrita previa.
Con información de EFE
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