El diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión de seguimiento a la Ley de Amnistía, admitió públicamente que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido implementada de manera deficiente en diversos casos.
Según el parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), esta normativa se ha utilizado en ocasiones para privar de libertad a ciudadanos de forma injustificada, basándose incluso en revisiones de mensajes privados en dispositivos móviles.
Durante una entrevista en Circuto Éxito junto al periodista Roman Lozinsky, el legislador fue categórico al señalar que este tipo de prácticas policiales no tienen asidero legal en el marco de las garantías ciudadanas.
«No hay derecho a revisarle el teléfono a ninguna persona en una alcabala policial», enfatizó Arreaza, haciendo referencia a los procedimientos irregulares que se han denunciado en distintos puntos de control del país.
Sus declaraciones ponen de relieve una problemática recurrente sobre el alcance de las inspecciones en las vías públicas.
Violan la privacidad
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), se pronunció para reiterar que estas acciones no solo son violatorias de la privacidad de cualquier ciudadano, sino que representan una amenaza directa al ejercicio del periodismo.
El gremio recordó que, en el caso de los comunicadores, la revisión de equipos móviles vulnera el derecho constitucional del secreto a la fuente, pilar fundamental para el flujo de información libre.
Expertos en materia de Derechos Humanos coinciden en que la Ley contra el Odio ha sido empleada «a veces muy mal», tal como lo reconoció el propio diputado.
El llamado desde diversos sectores es a que las autoridades de seguridad respeten los protocolos legales y eviten detenciones arbitrarias basadas en el contenido personal de los teléfonos inteligentes, garantizando así el debido proceso y la integridad de los ciudadanos.
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