En Puerto Ordaz, estado Bolívar, un jubilado y tres trabajadores activos de las industrias básicas iniciaron una huelga de hambre frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La medida busca presionar a las autoridades para que aprueben el pago de 1.200 dólares en utilidades, exigencia que beneficiaría a más de 80.000 obreros del sur del país.
Hugo Medina, jubilado de 64 años de la reductora de aluminio Venalum y portavoz del grupo, conversó con El Pitazo tras cumplir más de 40 horas en la huelga. Explicó que decidieron tomar esta acción extrema tras mantener, sin éxito, una vigilia de 13 días continuos a las puertas de la corporación. Aunque la Defensoría del Pueblo se ofreció a mediar ante la directiva para instalar una mesa de negociación sobre el bono compensatorio, hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo.
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“Solo estamos exigiendo lo que nos corresponde. Hacemos un llamado al Alto Comisionado de la ONU y al Senado de los Estados Unidos: esto es lo que ocurre en Venezuela, no es una ‘guarimba’, es una falta total de justicia social. Mientras enfrentamos esta crisis, EE. UU. permite la extracción de nuestros recursos”, denunció Medina, quien manifestó perder fuerzas físicamente al mantenerse únicamente a base de agua.
El dirigente responsabilizó directamente al presidente de la CVG, Héctor Silva, y a su equipo directivo por la integridad física de los manifestantes: “Ellos son los responsables de lo que nos pueda ocurrir a los cuatro. Vamos a mantenernos firmes luchando por lo que nos corresponde”.
Junto a Medina protestan Tomás Romero (53 años) y Alejandro Lozada (35 años), ambos empleados de Sidor, así como Luis García, obrero incapacitado de Alcasa, quien padece de hipertensión y diabetes.
La dirigencia sindical de la zona expresó profunda preocupación por el deterioro físico de los protestantes. Raiza Pulido, representante de Maderas del Orinoco, advirtió sobre las consecuencias irreversibles de este tipo de medidas: “Una huelga de hambre causa daños graves al organismo, pero no nos queda otra alternativa que defender nuestros derechos con el propio cuerpo para ser escuchados”.
Pese a que durante casi dos semanas de permanencia frente al edificio corporativo se han registrado breves acercamientos con directivos de la CVG, las negociaciones siguen estancadas.
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