Con un registro de 273 feminicidios, 2022 es el año más violento en la historia para las mujeres en Ecuador, aseguró a EFE Paola Flores, la primera ministra de la Mujer y Derechos Humanos del país andino, una cartera creada a finales de noviembre pasado.
Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 73 feminicidios, el asesinato intencional a una mujer por el hecho de ser mujer, pero la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) considera que hay un subregistro.
Organizaciones sociales y de defensa de las mujeres, contabilizan 273 feminicidios, denominación en la que -según Flores- se incluye todo tipo de muertes violentas, entre ellas también los suicidios y asesinatos cometidos por sicarios.
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Esto «es alarmante para Ecuador y, sin duda, es el año más violento para las mujeres», puntualizó al recordar que el año más violento en cuanto a feminicidios fue 2017, con 100 casos.
De acuerdo con lo registros de ALDEA, desde el 1 de enero de 2014 hasta el pasado 15 de noviembre, «un total de 1.317 vidas de mujeres y niñas» habían sido «arrebatadas por la violencia machista».
Según esa Asociación, entre 2014 y 2020, al menos 1.095 menores quedaron huérfanos a consecuencia de los feminicidios en Ecuador.
Registro único de la violencia
Con el apoyo inicial de tres millones de dólares de la Unión Europea (UE), Ecuador avanza en la elaboración del Registro Único de Violencia (RUV) que, en una primera parte, articulará a nueve instituciones para recoger el historial de víctimas de violencia y facilitar la elaboración de políticas públicas.
En una segunda fase -en la que la UE aportará otro millón de dólares- se articulará a 22 instituciones en el RUV, mecanismo que también busca evitar la revictimización, prevenir el feminicidio, definir el tipo de atención que requiere la víctima, y avanzar en mecanismos de protección y apoyo.
Al centralizar toda la información en el RUV, «las mujeres que ponen las denuncias no tienen que estar institución por institución» repitiendo su situación, anotó la ministra.
«Este sistema nos va a ayudar a salvar vidas y a tener alertas tempranas», comentó en entrevista con EFE al apuntar que «el objetivo es que las mujeres no mueran con la boleta (de auxilio) en la mano, sino, actuar de manera eficiente».
La ficha contará con un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que consignará, entre otros, los datos de sexo, edad, auto identificación étnica, condición sexo genérica, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil de víctima y agresor, el tipo de violencia, denuncias anteriores y sentencia.
Pérdidas millonarias
La violencia de género es un tema estructural que empeoró en la pandemia, cuando muchas mujeres quedaron confinadas con el victimario y otras más perdieron el empleo.
Basada en datos regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Flores apuntó que las mujeres retrocedieron «diez años en el ámbito laboral», un desafío que se debe afrontar también rompiendo desigualdades en el acceso a oportunidades entre las mujeres del área rural y aquellas del área urbana.
La mujer en Ecuador «sigue en desventaja», no tiene las mismas oportunidades, indicó Flores, una de las cinco ministras del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, compuesto por ahora por veinte ministerios, incluida la nueva cartera de Mujer y Derechos Humanos.
La funcionaria indicó que entre 70 % y 80 % de mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia en su vida: «Es un tema estructural. Debemos trabajar en esos patrones machistas que todavía persisten en nuestra cultura», señaló.
Según un estudio publicado por la cooperación alemana GIZ, Ecuador pierde anualmente unos 4.608 millones de dólares debido a la violencia contra las mujeres, lo que representa un 4,28 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Datos oficiales señalan que entre enero y agosto pasados se atendió a 48.718 víctimas de violencia de género e intrafamiliar por medio de los 45 puntos de atención de los Servicios de Protección Integral, «evitando así que estas mujeres continúen siendo violentadas».
Pero ni todas las mujeres denuncian la violencia, ni todas las afectadas acuden a esos puntos, mientras otras tantas no están conscientes de los distintos tipos de violencia, muchos ya naturalizados.
Para fortalecer las atenciones, hasta 2025 se abrirán Centros Violeta en las 24 provincias del país.
Además, se han firmado convenios específicos con organizaciones de la sociedad civil por 2,1 millones de dólares y se proyecta que más de 1.400 víctimas de violencia recibirán atención en estos espacios durante 2023, un año para el cual el Ministerio cuenta con un presupuesto total de 13 millones de dólares.
Con información de EFE
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