Desde el 2018, el gobierno de Nicolás Maduro adeuda 13,4 millones de euros a la Corte Penal Internacional (CPI), según las estimaciones de la ONG Provea.
Provea citó un informe financiero de la CPI de fecha del 15 de septiembre de 2023.
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«Gobierno de Maduro debe 13,4 millones de euros a la CPI, no ha pagado ninguna cuota desde 2018», apuntó en su publicación en X, antes Twitter. «Sí paga abogados europeos para evitar que siga la investigación por crímenes de lesa humanidad».
Explicó que debido a la deuda, Venezuela no tendrá derecho a voto en la Asamblea de la CPI del 4 al 14 de diciembre.
«Es posible que la semana entrante el gobierno pida nuevamente una excepción para poder votar, como lo hizo el año pasado y le fue otorgada, alegando que las sanciones le impiden cumplir con sus obligaciones financieras».
«La misma excusa fue planteada por los abogados europeos del Estado en la audiencia pública el 7 y 8 de noviembre ante la Sala de Apelaciones de la CPI, para alegar el impacto económico de las traducciones de documentos del español al inglés o francés. Venezuela tiene la obligación de pagar sus contribuciones a la CPI por ser Estado parte al Estatuto de Roma».
Con información Noticiero Digital
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