El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), emitió un comunicado este martes en el que reconoce la actuación del Ministerio Público en el caso del rapero venezolano Tirone José González Orama, conocido como Canserbero y Carlos Molnar.
Indicó que puso a disposición del Tribunal Segundo, a tres de los funcionarios activos implicados en el suceso.
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Mientras que los otros dos funcionarios actuantes, egresaron de las filas del CICPC en los años 2016 y 2017, respectivamente, quienes son responsables de sus actuaciones alejadas del accionar ético y moral de esta noble Institución para la Investigación Penal.
Cicpc reiteró que «el compromiso de ser garantes del combate contra el delito y defender la justicia y la ley, como sagrados principios de la Patria y del pueblo venezolano».
Emiten orden de aprehensión
Más temprano, el Tarek William Saab anunció que se ha emitido la orden de aprehensión contra los primeros funcionarios que llevaron el caso el 20 de enero de 2015.
De acuerdo con la declaraciones de Natalia y Guillermo Améstica, los funcionarios habrían recibido 10 mil dólares para manipular la escena del crimen y dejarlo pasar como un «homicidio – suicidio».
- Inspector jefe, Gilbert Cruz (Jefe de la Comisión).
- Inspector Edgar Trillo (Investigador).
- Detective Jesús Medina (Técnico).
Oficial Policía Nacional Bolivariana (PNB), Arquelis Blanco, para la época estaba en comisión de servicio en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
- Inspectora agregada, Teresa Pinto.
- Detective, Yonel Toro, perteneciente a la Comisión de Laboratorio Criminalístico de Aragua.
Estas seis personas formaban parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) y de acuerdo a lo narrado por los hermanos Améstica, estos funcionarios se dieron cuenta de las primeras manipulaciones de la escena, por lo que pidieron hablar con Guillermo, quien les ofreció 10 mil dólares para que los ayudaran en hacer creer que Tirone González asesinó a Carlos Molnar y luego se quitó la vida.
La orden de aprehensión que pesa en contra de estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada.
Con información Cicpc/El Universal
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